Celular que usó Betssy Chávez previo al fallido autogolpe está no habido: Fiscalía cree que lo destruyó

Un celular de alta gama que Betssy Chávez, exjefa de gabinete, empleó previo al fallido autogolpe de Pedro Castillo se encuentra no habido y el Ministerio Público cree fue destruido por la propia imputada, según información clasificada difundida este miércoles por Canal N.

De acuerdo con un documento de Fiscalía, que incautó otros cuatro equipos durante un allanamiento contra la exprimera ministra, el teléfono en mención aparece en los registros del 6 de diciembre del 2022, entre las 16:00 horas y 24:00 horas, un día antes de que Castillo ordenara el cierre del Parlamento y la instauración de un Ejecutivo de emergencia.

Según Canal N, el teléfono pudo verse el día en que la exministra compareció ante el Congreso, en marzo pasado, a una cita que acabó con su desafuero y una acusación constitucional. Los otros modelos básicos que le incautaron fueron un Motorola G20 (empleado solo para votaciones), un Nokia TA-1190, un Redmi y un Verykool.

En enero, Betssy Chávez había declarado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que no estuvo de acuerdo “con la medida” anunciada por Castillo, y descartó haber tenido conocimiento del contenido del mensaje presidencial.

El Poder Judicial evaluará este jueves el pedido de prisión preventiva en su contra, que es similar al que Fiscalía solicita para los exministros Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior).

A partir de las 10.00 horas., el juez supremo Juan Carlos Checkley se encargará de valorar el requerimiento. La expremier podría enfrentar una sentencia de 23 años y cuatro meses de cárcel por el delito de rebelión; o alternativamente otra pena de 9 años y 11 meses por conspiración.

“Descarto totalmente el peligro de fuga. Ella es una mujer que está dispuesta a aceptar las decisiones jurisdiccionales. Nosotros consideramos que una decisión emitida por un órgano imparcial como el Poder Judicial debe ser acatada”, dijo a RPP.

“Interpondremos, de ser el caso, las medidas o los recursos impugnatorios pertinentes, porque nosotros estamos convencidos de que la medida adecuada no es una prisión preventiva”, remarcó.