Procuradoría pide a la Fiscalía que amplíe investigación contra Martín Vizcarra por el caso ‘Vacunagate’

El expresidente ha sido denunciado por el presunto delito de cohecho activo internacional por presuntamente haber favorecido a la empresa china Sinopharm en la adquisición de las vacunas contra el coronavirus.

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Martín Vizcarra asegura no temerle a la posibilidad de ser encarcelado
Martín Vizcarra asegura no temerle a la posibilidad de ser encarcelado

La Procuradoría General del Estado solicitó a la Fiscalía de la Nación que amplíe la investigación contra el expresidente Martín Vizcarra por el llamado caso ‘Vacunagate’. En esa línea, esta entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos agregó que también sea procesado por un nuevo delito.

Según el diario El Comercio, la Procuradoría le ha imputado a Vizcarra Cornejo el presunto ilícito de cohecho activo internacional, cuya pena es entre cinco a ocho años de cárcel, por presuntamente haber favorecido a la empresa china Sinopharm en la adquisición de las vacunas contra el coronavirus.

“Habría prometido de manera directa o indirecta a través de medios diplomáticos (funcionarios de la Embajada del Perú en China, funcionarios del Minsa y del Ministerio de Relaciones Exteriores), una posible ventaja o exclusividad”, señala la institución respecto a la responsabilidad del exmandatario en este asunto.

“Esto habría resultado en un beneficio propio del expresidente y de otras personas de su entorno, que sería la inoculación de las denominadas ‘vacunas de emergencia’”, agrega la denuncia de la Procuradoría.

FOTO DE ARCHIVO. Imagen de ilustración de tubos de ensayo delante de un logo de Sinopharm. 21 de mayo de 2021. REUTERS/Dado Ruvic
FOTO DE ARCHIVO. Imagen de ilustración de tubos de ensayo delante de un logo de Sinopharm. 21 de mayo de 2021. REUTERS/Dado Ruvic

Hay que señalar que este asunto se destapó el 15 de febrero del 2021 cuando el expresidente Francisco Sagasti reveló que 487 personas habían accedido a la vacuna del laboratorio chino Sinopharm fuera de los ensayos. En la relación se encontraba Vizcarra, quien se habría inoculado de manera clandestina cuando era jefe de Estado en octubre del 2020 en plena crisis de la pandemia.

Sin embargo, el exmandatario también habría ayudado para que su esposa Maribel Díaz y hermano César Vizcarra se inmunicen cuando miles de peruanos morían por el virus.

Por esta situación, la Fiscalía abrió una investigación contra Vizcarra por los presuntos delitos de concusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. En paralelo, el Congreso de la República también logró inhabilitar por diez años de la función pública al exjefe de Estado en abril del 2021 tras haber sido elegido como parlamentario por el partido Somos Perú en las elecciones generales del citado año.

En conclusión, Vizcarra Cornejo afrontaría tres delitos por el caso ‘Vacunagate’. El exmandatario aún cuenta con el antejuicio político y, por ello, su investigación se encuentra en una fase preliminar.

(EFE)
(EFE)

El Parlamento tendría que levantarle el antejuicio solo si la Fiscalía presenta una denuncia constitucional contra el expresidente Vizcarra. De esta forma, la investigación preliminar pasaría a una etapa preliminar.

Se debe mencionar que en este caso también se inhabilitó por ocho años para ejercer cargo público a la ex ministra de Salud Pilar Mazzetti, y por un año a la ex canciller Elizabeth Astete, quienes también recibieron la vacuna irregular.

Otra acusación

Con 102 votos a favor, el pleno del Congreso aprobó el informe final que recomienda formular la acusación constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra por presunta corrupción en el manejo de la pandemia. La denuncia salpica a las exministras María Antonieta Alva (Economía y Finanzas) y María Hinostroza (Salud).

Durante la sustentación del informe, Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, indicó que se habrían realizado presuntas compras irregulares de 1.4 millones de pruebas rápidas en plena emergencia sanitaria.

Según el legislador, la aprobación del documento implica “justicia para las casi 180 mil familias enlutadas por las terribles decisiones tomadas desde el más alto nivel durante la COVID-19″.

Ahora el caso será caso llevado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), donde de ser encontrado responsable, Vizcarra afrontaría una inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública.

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