Durante más de dos años, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) tuvo el encargo de recopilar los casos de delitos contra los derechos humanos cometidos a finales del siglo XX y señalar a los culpables. A punto de conmemorar dos décadas de la presentación del informe final persisten las dudas y críticas contra el trabajo realizado, al mismo tiempo que no se han cumplido con la mayoría de recomendaciones expuestas en sus nueve tomos.
Entre los cuestionamientos más repetidos sobre el informe resalta aquel que lo acusa de tener una postura política frente a lo sucedido durante los años de violencia.
“La postura política es la defensa de los derechos humanos y el reconocimiento de la víctimas mortales y los desaparecidos”, dijo a Infobae Manuel Burga, director del Lugar de la Memoria, Tolerancia e Inclusión Social (LUM).
El historiador, encargado del espacio que expone los principales hallazgos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, resalta que la principal labor de este tipo de equipos es reclamar por los derechos humanos de las víctimas, sean estos miembros de la sociedad civil, el gobierno o comunidades religiosas.
“Lo que ha ganado el mundo desde 1948 es convertir los derechos humanos en parte de las constituciones”, agregó.
Al finalizar su labor, la CVR recomendó a toda la ciudadanía, “empezando por aquellos que detentan autoridad”, promover reformas institucionales necesarias para hacer real el Estado de Derecho y prevenir la violencia, otorgar reparaciones integrales a la víctimas, promover el Plan Nacional de Sitios de Entierro y crear mecanismos de seguimiento de las recomendaciones de la comisión.
Veinte años después
Para Burga resulta poco probable que, a pesar de la difícil crisis política y social que enfrenta el Perú, se vaya a atravesar un nuevo periodo de violencia. “Mirando la historia universal es difícil que se produzca el surgimiento de un grupo violentista armado que reclame lo que reclamaba Sendero Luminoso en los setenta”. Sin embargo, el centralismo, racismo y abuso de autoridad siguen formando parte del día a día en el país.
A pesar de las críticas al trabajo de la CVR y la desinformación que gira en torno a lo sucedido durante los años de violencia, Burga considera que existen un consenso en torno al hecho de que Ayacucho fue la región más golpeada en aquella época.
“Todos los peruanos de cualquier político deben asumir esa deuda a pagar simbólica y materialmente. Ese pago es un forma de construcción de una conciencia histórica”, manifestó.
Los intentos por olvidar los sangrientos episodios del pasado no son exclusivos del Perú. El historiador recalca que en Alemania existen quienes desean no recordar lo sucedido durante el régimen nazi. El LUM se erige como una forma de mantener viva la discusión sobre los retos a cumplir como sociedad luego de atravesar décadas de violencia. Esto a pesar de que “no todos concurren porque no hay consensos para nada en la vida social”.
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