Un operativo realizado el último martes once, por integrantes del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional (PNP), dejó como resultado la incautación de 295 bienes del burgomaestre Joaquín Ramírez Gamarra.
El actual alcalde de Cajamarca es investigado por los presuntos delitos de lavado de activos, fraude en la administración pública y desbalance patrimonial.
La Fiscalía le atribuye dichas faltas durante su paso por el partido político Fuerza Popular, agrupación liderada por la excandidata a la presidencia Keiko Fujimori.
De acuerdo a la tesis fiscal, el excongresista fujimorista (2011-2016) forma parte de un brazo comercial -al interior de una organización criminal destinada a los citados delitos- cuya función era instrumentalizar empresas de fachada para obtener ganancias ilícitas.
En el esquema de la institución, además, Fujimori Higuchi figura como parte del brazo político de la presunta red delincuencial. En este apartado, según los representantes del Ministerio Público, se tenía como objetivo captar fondos ilícitos para obtener poder político y aparentemente blindar a la organización.
En este marco, la agrupación naranja emitió un comunicado -a través de sus canales institucionales- y remarcó que no mantiene en la actualidad ningún vínculo con Ramírez.
“Informamos a la opinión pública que se pretende vincular a nuestro partido con un operativo realizado por autoridades judiciales y fiscales. Dejamos en claro que el señor Joaquín Ramírez no es afiliado ni dirigente de Fuerza Popular desde hace varios años”, se lee en el texto.
El pronunciamiento no abordó los actuales procesos en contra de sus miembros, entre ellos, su máxima representante. En su lugar, se instó a la presidente de la república, Dina Boluarte, a pedir a sus ministros no declarar sobre el tema.
“Exhortamos a la presidenta Boluarte a que instruya a sus ministros y estos eviten participar en conferencias de prensa sobre investigaciones judiciales en curso, pues podría interpretarse que existe un interés político del Gobierno y una injerencia en la autonomía del fuero fiscal y judicial”, se puntualizó.
Horas antes, el ministro del Interior, Vicente Romero, aseguró que este caso de presunto lavado de activos “es el más grande en el Perú después del caso Orellana”.
En el comunicado de Fuerza Popular, por otro lado, se remarcó que “no existe resolución judicial que establezca responsabilidad penal respecto de nuestro partido o sus dirigentes”.
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