JNJ abrió investigación a la fiscal Patricia Benavides por desaparición de su tesis doctoral

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, está comprendida desde el mes pasado en una investigación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la institución que la nombró, a mediados de 2022, como titular del Ministerio Público.

La pesquisa fue difundida el mes pasado por Hildebrandt en sus trece y ratificada este viernes, en el mismo semanario, por la fiscal suprema Zoraida Ávalos. “¿Le aconsejaría a Patricia Benavides que muestre su tesis?”, consultó una periodista de ese medio.

“Hemos hecho todos nuestros esfuerzos para poder localizar la tesis y no la hemos localizado. (...) debe existir, pero en todo caso podrías pedírsela a la propia fiscal”, dijo Ilko Rogovich, secretario general de la casa de estudios.

La representante del la Fiscalía obtuvo el grado de doctora con un trabajo titulado “El principio de oportunidad en la investigación preliminar y su aplicación en los delitos de lesiones culposas”, el cual expuso en diciembre de 2009 y por el que la UAP le concedió una mención magna cum laude, un rendimiento muy destacado.

En agosto pasado, la JNJ emitió un comunicado en el que afirmó, según Hildebrandt en sus trece, que el único grado tomado en cuenta al momento de seleccionarla como fiscal de la Nación fue el de doctora en Derecho. Es decir, si comprobara que la tesis no existiera o es una farsa, su destitución sería inmediata.

Aunque el organismo evitó pronunciarse porque la investigación aún está en curso, señaló al semanario que “la calificación de la calidad de tesis les corresponde a las propias universidades”.

“Abrir una investigación a todas luces ilegal solo puede ser un acto de amedrentamiento y obstrucción a mi función fiscal”, declaró el mes pasado en un video donde tachó de “ilegal y arbitrario” el proceso abierto por los cambios en ese equipo especial.

Hasta ahora, Benavides no se ha referido a la polémica de su tesis y su despacho se ha negado a declarar. Su última aparición fue para anunciar la creación de un equipo fiscal que se encargará exclusivamente de investigar los delitos y las vulneraciones a los derechos humanos cometidos en la represión de las protestas antigubernamentales vividas entre diciembre y marzo pasados.