Ley Nacional del Cáncer: advierten poco avance a un año de su reglamentación

El Semáforo Oncológico, iniciativa de 10 asociaciones de pacientes, alertó que a casi un año de reglamentada la Ley Nacional del Cáncer —el pasado 30 de marzo de 2022—, las entidades de salud encargadas solo han cumplido con tres de 14 tareas pendientes de implementar. Esto impide que se apliquen los nuevos procesos para la prevención, el diagnóstico y la atención del cáncer en el país por la falta de documentos normativos.

Frente al poco avance en la ejecución del reglamento y por la coyuntura de protestas y posibles desastres naturales este 2023, la entidad pidió centrar esfuerzos. Una de las medidas de mayor urgencia es la Red Oncológica Nacional, la misma que permitiría a los pacientes ser atendidos en su lugar de residencia, sin tener que viajar hasta Lima, salvo excepciones de emergencia. De acuerdo con la encuesta “Cáncer con rostro de mujer”, 1 de cada 2 pacientes de provincia con cáncer de mama o cuello uterino debe trasladarse a Lima para ser atendida.

Del mismo modo, solicitaron dar cumplimiento a los mecanismos diferenciados de adquisición (MDA) que permitirían el acceso a medicamentos innovadores de última generación en beneficio de los pacientes, a través de mejores procesos de negociación, ya no solo basados en precio, sino por resultados, efectividad y menor riesgo de efectos adversos.

También resulta preocupante que existan S/ 1,048 millones de soles para la prevención y control del cáncer este 2023, de los cuales la mitad son para la implementación de la ley, que podrían no ser utilizados en su totalidad por trabas burocráticas. “Perder esos fondos a fin de año sería una tragedia para todos”, apunta Wong.

Disposiciones cumplidas

Según información del Semáforo Oncológico, que lleva el control de las tareas encargadas en el reglamento a entidades como el Minsa, INEN, Instituto Nacional de Salud, SIS y otras, las únicas cumplidas hasta la fecha son las referidas a la evaluación de tecnologías sanitarias. Es decir, el proceso por el cual se decide si un paciente accede a una medicina no financiada actualmente por el Estado. Este umbral de alto costo es el rango de cobertura para medicinas de valor elevado (9 UIT), y la inclusión de niños en el esquema de vacunación contra el VPH que los protege de hasta seis tipos de cáncer en su vida adulta.