
Más instituciones autónomas se suman a rechazar las últimas sentencias del Tribunal Constitucional (TC). El turno le tocó a la Sala Plena de la Corte Suprema, máxima instancia del Poder Judicial (PJ), que se reunió para lanzar un pronunciamiento en contra del fallo del máximo interprete de la Carta Magna que bloquea cualquier tipo de control sobre las decisiones que puedan tomar en el Congreso de la República.
“El Poder Judicial no puede estar de acuerdo con las razones aducidas por la aludida sentencia del Tribunal Constitucional. Más bien, expresa su preocupación por la concepción jurídica que asume y resalta los graves efectos que puede tener para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la independencia judicial”, señala el comunicado.
Además, sostienen que la sentencia del TC “anuló resoluciones dictadas por tres órganos jurisdiccionales de primera instancia en sendos procesos de amparo en trámite”. De igual forma, denunció una presunta conducta funcional de los jueces que las emitieron para determinar posibles responsabilidades disciplinarias.
“Como siempre hemos enfatizado -continúa el comunicado- la independencia judicial identifica la propia función jurisdiccional; es su máxima garantía y cualidad nuclear y resguarda el recto desempeño de la jurisdicción: la resolución de los conflictos de forma desinteresada y por medio de la ley”, agregan.


Además, los magistrados indicaron que “la Constitución Política vigente garantiza un ámbito intocable para el ejercicio de la potestad jurisdiccional, sin interferencias, limitaciones, ni condiciones, más aún cuando se trata del control de la actividad de los demás poderes públicos, por su propia naturaleza de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, no puede ser interferido por demandas competenciales”.
“El control de la legitimidad de las decisiones – 2 – jurisdiccionales, en resguardo del valor de la seguridad jurídica, se ejerce a través del sistema de recursos y, en su caso, de los procesos de habeas corpus y amparo cuando afecten derechos constitucionales fuera del marco de un procedimiento regular”, anotan.
Al finalizar el comunicado, los jueces supremos recalcan que la plena fiscalización del ejercicio del poder político abarca al Ejecutivo y el Congreso. “Así pues, lo que no puede aceptarse es minusvalorar la función de la jurisdicción a cargo del Poder Judicial ni, de facto, crear zonas de inmunidad de jurisdicción en beneficio de otros órganos del Estado, con serio riesgo de quebrar el equilibro de poderes y apartarse del sistema constitucional diseñado por nuestra ley fundamental”, zanjan.
No quisieron
La posición institucional del PJ llega después de dos semanas.
Según el diario La República, un grupo de jueces que integran la Sala Plena de la Corte Suprema pidieron a Javier Arévalo Vela, titular del Poder Judicial, emitir un pronunciamiento sobre la sentencia del TC. Sin embargo, él habría tratado sin éxito de posponer el tema con la asesoría de Pedro Angulo, quien fue el primer jefe de gabinete de Dina Boluarte y, actualmente, se encuentra investigado por las muertes ocurridas durante las protestas sociales de diciembre.

A pesar del intento de Arévalo, finalmente se sometió a votación y ganó la facción de magistrados que deseaban cuestionar la sentencia del TC que vulnera la autonomía de su institución. El resultado fue contundente: once votos a favor del pronunciamiento, seis en contra y una abstención.
Entre los supremos titulares que estaban a favor se encontraba César San Martín, Víctor Prado Saldarriaga, Elvia Barrios, Héctor Lama More y otros más. Por su parte, en la oposición estaba Arévalo, Ana María Aranda Rodríguez, Emilia Bustamante Oyague, Silvia Rueda Fernández, por citar algunos.
Ulises Yaya Bustamante, jefe de la Oficina de Control de la Magistratura, fue la única persona que se abstuvo de adherirse a cualquier posición.
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