Las protestas en Perú volvieron a escalar en algunas regiones. La población se sigue movilizando exigiendo, entre otras cosas, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso de la República, el adelanto de elecciones generales y la implementación de una asamblea constituyente.
Ante esta situación, un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció este lunes 6 de marzo por la convulsión social y la crisis política que atraviesa el Perú, desde que Boluarte asumió las riendas de Palacio de Gobierno, tras la vacancia de Pedro Castillo.
Los representantes de dicho organismo hicieron un llamado para ponerle fin a la violencia en el país. Expresaron, además, su preocupación por las denuncias de represión policial, la numerosa cantidad de muertes durante los enfrentamientos entre civiles y fuerzas del orden, los arrestos y detenciones presuntamente arbitrarias.
“En cualquier sociedad democrática la gente tiene derecho a protestar y plantear sus preocupaciones sobre los cambios políticos que afectan a sus vidas y medios de subsistencia”, expresaron los especialistas de las Naciones Unidas.
En ese sentido, remarcaron que los reclamos de la población movilizada “no deben ser ignoradas” y que, por el contrario, deben ser escuchados y atendidos.
Durante su pronunciamiento, los expertos también mencionaron el último informe de la Defensoría del Pueblo, que ha registrado casi medio centenar de fallecidos y más de 1,300 heridos a nivel nacional.
Desaparición forzada
Los relatores de la ONU advirtieron que una detención “inicialmente legal” puede terminar convirtiéndose en una desaparición forzada, si las autoridades no proporcionan detalles sobre la situación de las personas privadas de su libertad.
Por ello, pidieron al gobierno peruano su compromiso para garantizar las investigaciones sobre las presuntas violaciones de derechos humanos en las protestas de manera “exhaustiva, rápida, efectiva e independiente”.
Dentro del grupo de expertos de las Naciones Unidas está Clement N. Voule, relator especializado en el derecho de reunión pacífica y asociación del organismo; Morris Tidball-Binz, relator sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y los integrantes del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias.
Dan plazo
El pasado 1 de marzo, se conoció que la ONU dio un plazo de 60 días para compartir información sobre las muertes de ciudadanos durante las movilizaciones sociales a nivel nacional. También se solicitó que se detalle las medidas que se adoptaron para garantizar que todas las personas ejerzan sus derechos de libertad de expresión y reunión pacífica.
“A la espera de su respuesta, quisiéramos instar al gobierno de su excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas”, se lee en el documento firmado por el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Responderán al pedido
Al día siguiente de esto, el 2 de marzo, Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, anunció que el gobierno de Boluarte responderá al pedido de información del Alto Comisionado.
“Vamos a darle todas las facilidades y vamos a remitir la información”, dijo en Canal N y adelantó que el Ejecutivo mantendrá la postura de que el exmandatario Pedro Castillo orquestó un golpe de Estado y “lo que se hizo fue defender el sistema democrático”.
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