El expresidente Pedro Castillo se ausentó de la citación que tenía programada en la Comisión de Fiscalización y Contraloría, este miércoles primero de marzo, para brindar sus descargos sobre el ‘Caso Anguía’.
En dicho expediente, el exmandatario, su actual esposa Lilia Paredes y su cuñada, Yenifer, están implicados en una una presunta organización criminal dedicada a licitaciones públicas fraudulentas en Lima, Cajamarca y Amazonas.
Hugo Chang, jefe del penal Barbadillo, se conectó virtualmente a la sesión e indicó que el expresidente expresó su negativa a declarar. En diálogo con Héctor Ventura, titular del grupo de trabajo, también comentó que el abogado de Castillo, Eduardo Pachas, tampoco se presentó en la sede penitenciaria.
Ventura (Fuerza Popular) había informado, días antes, informó que el exmandatario está obligado a emitir sus descargos sobre la investigación preparatoria donde se le incluyó en calidad de testigo.
La citación se cursó el mismo día en que la Fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva contra Castillo, encarcelado por orquestar el autogolpe, y sus exministros Geiner Alvarado y Juan Silva, por delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias. Si se aprueba, implicaría al menos tres años de detención para el exjefe de Estado.
Sobre el caso Anguía, los fiscales sostienen que la exprimera dama se desempeñó como la “coordinadora” y Yenifer Paredes, como la “lobista” que contactó a alcaldes para llevar adelante “proyectos” sometidos a “licitaciones de obras públicas con la seguridad de que tendrían el éxito asegurado para la ejecución y cumplimiento del financiamiento por parte del Gobierno”.
Yenifer, en tanto, estuvo en prisión preventiva, pero dejó la cárcel y seguirá afrontando el proceso abierto en su contra bajo comparecencia con restricciones, que incluyen no ausentarse de su lugar de residencia, ni variar el mismo sin la previa autorización del órgano judicial competente.
Procesos
La Fiscalía ha pedido prisión preliminar para Castillo, ya encarcelado, por presuntamente encabezar una organización dedicada a obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas durante su Gobierno.
La denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación recomienda acusar a Castillo por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su presunta condición de líder, y contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias agravado, así como presunto cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión.
En este último caso, el expediente responde a presuntas irregularidades encontradas en las obras del Puente Tarata II, en San Martín, y en otros supuestos casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda.
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