
El Poder Judicial programó para este viernes 3 de marzo, a las 9:30 horas, la audiencia de requerimiento de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo y Geiner Alvarado y Juan Silva, extitulares de las carteras de Transportes y de Vivienda, respectivamente.
La citación fue elevada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, luego de que la Fiscalía solicitara 36 meses de prisión preliminar contra el ya encarcelado exmandatario y sus exministros por delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias. Si se aprueba, implicaría al menos tres años de detención para Castillo.

Según la tesis fiscal, Castillo dirigía una red de corrupción, lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.
El pedido planteado por el Ministerio Público sigue el procedimiento validado por el Congreso, que autorizó a que la Fiscalía actuara penalmente contra el exmandatario y sus exministros.

Los cargos de rebelión contra el expresidente fueron formulados luego de que intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto. Tras ello, el Legislativo lo destituyó y designó a Dina Boluarte, entonces vicepresidenta, como mandataria.
Desde entonces, se desataron movilizaciones antigubernamentales —que han dejado al menos 48 muertos por la represión policial—, y se desplegaron intentos para sacarlo del penal de Barbadillo.
Walter Ayala, su abogado, cursó hace poco un pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que ordene al Estado peruano su “inmediata libertad” y restitución como mandatario.
Rechazo
En la víspera, la Corte Superior de Justicia (CSJ) de Lima rechazó un hábeas corpus presentado por la Federación Nacional de Abogados a favor también de Castillo y el expremier Aníbal Torres.

En la resolución, la jueza alegó que la Federación propuso un recurso “irrazonablemente, con desconocimiento de los principios y valores constitucionales” y al “margen del respeto de los derechos fundamentales”.
El líder mexicano considera a Dina Boluarte de “espuria” y ha reiterado que México seguirá apoyando al maestro rural, una postura que desencadenó una crisis diplomática y la ruptura de relaciones bilaterales, con el término de funciones del embajador de Perú en ese país.
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