Nuevo superintendente de la Sunedu fue investigado por presunta corrupción

Esta tarde se conoció que el Ministerio de Educación, a través de la Resolución Ministerial N° 131-2023, formalizó la designación de Manuel Castillo Venegas como el nuevo jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), en reemplazo de Oswaldo Zegarra.

Y pese a las irregularidades en la elección de Castillo Venegas como representante de las universidades públicas del pasado 19 de agosto de 2022, el ministro de Educación, Óscar Becerra, rubricó el documento, oficializándolo como nuevo jefe de la entidad.

Cabe señalar que, en la sesión del jueves 23 de febrero, el Consejo Directivo de la Sunedu dispuso la elección de Manuel Castillo, mientras se espera que las otras tres entidades escojan a sus voceros. Su elección deberá ser ratificada en una próxima reunión que cuente con la presencia de los siete miembros.

El 19 de agosto del 2022, Manuel Castillo Venegas, de la Universidad Nacional de Piura junto a Enrique Manuel Hernández García, de la Universidad Privada San Juan Bautista - Filial Ica fueron elegidos como representantes de las universidades públicas en una reunión convocada por Jerí Ramón, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Sin embargo, dicha elección fue cuestionada y denunciada por la mayoría de universidades públicas debido a que solo contó con la participación de 14 rectores de 31 habilitados de la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú (Anupp) que también es liderada por la rectora sanmarquina.

Y ¿quién es el nuevo superintendente de la Sunedu?, pues se trata de Manuel Castillo Venegas, quien es doctor en Derecho y catedrático de la Universidad Nacional de Piura. Tiene un estudio jurídico a su nombre en dicha ciudad norteña y, de hecho, fue representante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Investigaciones

Sin embargo, la nueva autoridad de la Sunedu fue investigado, en el 2018, por presunta corrupción, luego de que se le señalará como responsable de manejo ilegal de concursos docentes en la Universidad Nacional de Piura y del manejo ilegal de fondos del Colegio de Abogados de Piura (ICAP), según una publicación de radio Cutivalú.

El 23 de enero del 2018, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, a cargo de la fiscal adjunta Ana María Cánova Loro junto a su asistenta la fiscal Sara Lachira Morales realizaron la transcripción del video entregado por el denunciante Ricardo Montero Gómez.

En dicho material audiovisual se puso en evidencia una conversación entre el denunciante Ricardo Octavio Montero Gómez y el investigado Manuel Castillo Venegas, que habría tenido lugar en el 2015. En el video se habría puesto en evidencia el presunto manejo político de los nombramientos en dicha casa de estudios.

En respuesta a la investigación, Castillo Venegas dijo en aquel entonces que en el video no había absolutamente nada. “Estoy con mi conciencia no tranquila, sino supertranquila […] Hemos recibido coacciones del profesor Montero; cuando yo era decano de la Facultad de Derecho llega a ofrecerme coimas y se puede escuchar o visualizar, en el video que ha presentado a la Fiscalía, para que yo favorezca en el concurso para nombramiento al profesor Armando Arévalo Zeta”, comentó.

En marzo del 2021, la Junta Transitoria del Colegio de Abogados de Piura (ICAP) denunció pérdidas de dinero, así como la falta de información administrativa en el colegio profesional que generó la anterior gestión liderada por Manuel Castillo Venegas, lo cual supuestamente había puesto en peligro los aportes de los agremiados.

En ese sentido, el decano de la institución Martín Castillo Nizama, a través de cartas notariales, responsabilizó a la gestión de Manuel Castillo Venegas de generar problemas administrativos, contables, económicos y tributarios al colegio profesional.

En respuesta a dicha denuncia, Castillo Venegas descartó que existan irregularidades en los asuntos financieros de la institución, y afirmó que la contabilidad está debidamente declarada en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).