Proyecto para endurecer las penas de delitos cometidos durante las protestas es populista, reforzaría política autoritaria y sería inconstitucional

Hace una semana, el Gobierno de Dina Boluarte envió un proyecto de ley a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República que busca modificar el Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal para “reforzar la respuesta del Estado” frente a diversos delitos en el marco de las manifestaciones.

“La presente ley tiene por objeto (...) establecer medidas inmediatas, urgentes y excepcionales para reforzar la respuesta del Estado frente a los delitos que afectan la vida, el cuerpo y la salud, así como los bienes públicos y privados, cometidos durante la vigencia de la declaratoria de un Estado de emergencia”, se lee en la propuesta.

En la iniciativa se busca la modificación de los artículos 121; 122; 159; 186; 189; 200; 204; 206; 273; 279; 279-A; 279-B; 279-G; 280; 283; 315; 365; 366 y 367 del Código Penal. Esto permitiría que las penas de los siguientes delitos se eleven.

• Lesiones leves: con una pena actual de 2 a 5 años, pasarían a aumentar en una sanción de 8 a 14 años.
• Formas agravadas de daño de bienes: con una pena actual de 1 a 6 años, pasarían a aumentar en una sanción de 4 a 8 años.
• Atentado contra medios de transporte: con una pena actual de 3 a 6 años, pasarían a aumentar en una sanción 8 a 20 años.
• Entorpecimiento al funcionamiento de Servicios Públicos: con una pena actual de 6 a 8 años, pasarían a aumentar en una sanción de 8 a 10 años.
• Disturbios: con una pena actual de 6 a 8 años, pasarían a aumentar en una sanción no menor de 15 años.

Sin embargo, la norma tendría serios problemas de efectividad, reforzaría la violación de los derechos humanos y tendría un matiz de inconstitucionalidad en la opinión de expertos consultados por Infobae.

Populismo penal

Carlos Rivera Paz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), señaló a este medio que la norma del Ejecutivo es una suerte de receta muy utilizada por todos los gobiernos, que fue iniciada por la dictadura de Alberto Fujimori, para aparentar una posición de “mano dura” frente a quienes cometen hechos delictivos.

“En el caso especifico del gobierno de Dina Boluarte, me parece que es una expresión más del ADN autoritario del régimen. Pero, a la vez, es absolutamente equivocado, errático e inútil porque lo que hay que tomar en cuenta es que desde el año 1991, cuando se dicta el Código Penal que está vigente en el Perú, todos los gobiernos han ensayado en casi todos los delitos esta estrategia del aumento de penas para que se conviertan de penas no efectivas a efectivas”, explicó.

El letrado agregó que el proyecto no es sustentable porque “a la par que se aumentaba en casi todos los delitos, durante todos los gobiernos, las penas de la versión original del Código Penal del año 91, en realidad la criminalidad aumentó de manera sostenida”. “Este tipo de medidas, simplemente, es un saludo a la bandera y un discurso para la tribuna, pero no tiene ninguna eficacia y tampoco habrá algún resultado”, recalca.

Rivera alertó que si la norma se aprueba, lo único que generará es un mayor hacinamiento en las cárceles. Además, provocará un efecto contrario que será el repudio de la gente hacia el Gobierno. “Creo que lo que la gente está pidiendo es la posibilidad de un diálogo, de un espacio de concertación, de que alguien escuche, pero lo único que ha hecho es responder con las balas, la represión y con cerca de 60 asesinatos”, añadió.

El abogado de IDL concluyó que la gestión de Dina Boluarte ha caído en el “populismo penal”. “Aumento penas, pero reitero que será absolutamente insignificante, inútil e ineficaz para resolver los problemas de fondo que se están discutiendo ahora”, acotó. Enfatizó que este tipo de normas de aumento de penas seguramente es parte de los acuerdos que el Ejecutivo mantiene con los grupos políticos de derecha en el Parlamento, donde será aprobado con una mayoría simple.

Respuesta autoritaria e inconstitucional

Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), mencionó que el proyecto para elevar las penas de los delitos cometidos durante las protestas refuerza el tinte autoritario del régimen de Boluarte. “Este tipo de instrumentos no son los más recomendables. No es una respuesta para una crisis social y política”, apuntó.

Agregó que siempre “el derecho penal es el último instrumento que usa el Estado cuando sus otras políticas han fracasado” en relación a las modificaciones que se quieren realizar al Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal.

“Vamos a llenar las cárceles. Actualmente, tenemos 500 causas en proceso. Hay una demanda embalsada de justicia que tienes que esperar meses para una audiencia”, acotó Dador. Además, cuestionó que otra parte del proyecto del Ejecutivo se señale que la detención policial se amplié a 48 horas y haya juicios inmediatos para los manifestantes.

“Te van a detener e inmediatamente procesar sin ningún elemento probatorio más que el testimonio de la Policía. Esto no va permitir adecuar una defensa técnica. Los abogados venimos denunciando que, a través del derecho penal, no se garantizan derechos. No podemos ejercer la defensa de los detenidos de las protestas cuando vamos a las comisarias porque no nos dejan actuar”, relata la secretaria de (CNDDHH).

Por su parte, el constitucionalista Pedro Grández enfatizó que el polémico proyecto ha tenido el aval del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En esa línea, mostró su preocupación que el Gobierno use mecanismos de represión penal.

“El sistema penal es el monopolio que tiene el Estado y debe saberlo utilizar con un análisis previo de política criminal. No es un instrumento para la venganza política ni puede ser usado el derecho penal para perseguir a los enemigos o reprimir las protestas contra un régimen”, acotó.

El especialista en Derecho Constitucional consideró que la Comisión de Constitución debería impedir este uso político del derecho penal para que se convierta en normas. “El poder político que utiliza instrumentos, como el Estado de Emergencia, necesita elementos de contención y control en el Parlamento. La declaratorias de Emergencia está sometida a controles no solo del Parlamento, sino jurisdiccionales. Pero ninguno está funcionando, lo cual preocupa”, añadió.

Finalmente, Grández consideró que si el proyecto de endurecer las penas es aprobado en el Parlamento, se tendría que analizar los mecanismos de control de constitucionalidad o, en todo caso, se podría presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional porque se enmarca dentro de la vigencia de un Estado de Emergencia.

“Los decretos del Gobierno son excepcionales. Y esa excepcionalidad no puede ser usada ahora como una situación de agravante en legislación penal que es más estable. Serían normas penales transitorias porque no esperamos vivir en una situación de emergencia permanente”, zanjó.