El expresidente de la República, Pedro Castillo, quien cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo por el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, ha solicitado este martes su liberación e inmediata reposición en el cargo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El encargado de dar la noticia fue el exministro de Defensa, Walter Ayala, quien es el defensor legal de Castillo Terrones. A través de su cuenta personal de Twitter, indicó que la medida se adoptó ante la demora del Poder Judicial por resolver la acción de amparo a favor de patrocinado que busca recuperar su libertad.
El 31 de enero pasado, Ayala presentó el recurso que apunta a anular la vacancia por incapacidad moral permanente que el Congreso de la República adoptó contra el exmandatario tras escuchar un mensaje a la Nación en el que anunciaba la disolución de este poder del Estado y un reordenamiento de las principales instituciones fiscalizadores del país.
Según el abogado, esta decisión en el fuero parlamentario es nula porque se vulneró el debido proceso, los plazos y tampoco se alcanzó los 104 votos requeridos para destituir a Castillo. Con estos puntos, Ayala considera que los congresistas no respetaron su reglamento y la Constitución Política.
Además, el exministro cree que Castillo debe volver a la presidencia. El recurso de amparo se encuentra, por ahora, en la Tercera Sala Constitucional de Lima. Allí ha sido admitida y, hasta el momento, no hay una fecha de audiencia para que la defensa legal del exmandatario realice sus descargos.
Estrategia internacional
La movida de la defensa legal de Castillo Terrones ya era previsible.
El exministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, señaló el pasado 3 de febrero que este giro por parte del expresidente comenzó con la visita recibida del argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Contó que este es un abogado muy famoso que ha sido magistrado en Argentina. “Entiendo yo que forma parte de un pool de juristas que han sido convocados para la defensa”, dijo a Canal N. En la transmisión de la entrevista se mostró una foto de Zaffaroni en el penal de Barbadillo en Ate de la reunión que sostuvo con el congresista Pasión Dávila y el abogado Eduardo Pachas.
Para Jiménez Mayor, una defensa internacional del caso Castillo puede tener resonancia en el sistema interamericano. Agregó que se trata de un peso muy pesado y una persona muy cercana al gobierno argentino. “Seguramente está ahí porque existe una estrategia internacional para la defensa del expresidente Castillo. No tengo la prueba del escrito, pero todo hace pensar”, manifestó.
Estimó que el asunto de la prisión preventiva de Castillo seguramente será un tema que van a tratar de cuestionarlo en el sistema interamericano; y de hecho, ya los abogados han estado planteando una serie de casos aquí en el Perú con la intención de agotar la vía interna.
La percepción de Jiménez fue replicada por el premier Alberto Otárola. “Es altamente probable que presente una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por eso insto a que se aceleren, en la medida de lo posible, los casos de corrupción en su contra que son los que menos se puede defender”, señaló.
Por ello, vio necesario que al expresidente se le ordene otra prisión preventiva, pero por los delitos de corrupción relacionados a su gobierno como los casos Puente Tarata o Petroperú.
Precisamente, la Fiscalía de la Nación informó hoy que ha formalizado la investigación preparatoria contra Castillo por ser el presunto autor de los delitos de organización criminal agravada y tráfico de influencias agravado; así como presunto cómplice del delito de colusión simple.
La medida fiscal también alcanza a los exministros Juan Silva Villegas (Transportes) y Geiner Alvarado (Vivienda).
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