El expresidente Pedro Castillo deberá afrontar una nueva orden de prisión preventiva que presentaría la Fiscalía de la Nación luego que se formalice la investigación preparatoria en su contra por los presuntos delitos de corrupción y organización criminal por los casos de Petro-Perú, Ministerio de Vivienda y Ministerio de Transportes.
La denuncia constitucional contra Castillo Terrones fue aprobada el viernes pasado por el Congreso de la República y que incluye a los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado. Tras esto, las acusaciones fueron remitidas a la Fiscalía de la Nación donde se formalizó la investigación preparatoria contra Castillo, Silva y Alvarado.
Posteriormente, la formalización será presentada luego ante Juan Carlos Checkley, juez de la Corte Suprema, quien fue el encargado de dar paso a la siguiente etapa, que se confirmó hoy con la formalización de la investigación preparatoria por el presunto delito de organización criminal.
El Ministerio Público está a la espera que Checkley apruebe la formalización, requisito necesario para que el caso pueda seguir avanzando.
La Fiscalía, según indica El Comercio, también requiere “la imposición de medidas coercitivas contra los investigados” que puede ser desde una comparecencia con restricciones hasta una prisión preventiva.
De emitirse la resolución donde se aprueba la formalización de la investigación, el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales remitirá el caso a la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, a cargo del fiscal Uriel Terán.
36 meses de prisión preventiva
La Fiscalía será la encargada de solicitar 36 meses de prisión preventiva para Pedro Castillo al considerarse que es la medida necesaria para asegurar el desarrollo del proceso. Lo mismo se pedirá para Geiner Alvarado y Jun Silva.
Pedro Castillo cumple prisión preventiva por el intento de golpe de Estado y es acusado por el delito de rebelión y conspiración y un segundo pedido es un hecho grave, debido a que existe riesgo de fuga por su posible asilo en México.
Pide liberación
De otro lado, el exmandatario ha solicitado su liberación e inmediata reposición en el cargo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Fue el exministro de Defensa, Walter Ayala, quien es el defensor legal de Castillo Terrones, en dar la noticia a través de su cuenta personal de Twitter donde indicó que la medida se adoptó ante la demora del Poder Judicial por resolver la acción de amparo a favor de patrocinado que busca recuperar su libertad.
“Ante la demora injustificada del Poder Judicial en resolver amparo, Pedro Castillo solicita a la CIDH su restitución como presidente constitucional del Perú y su inmediata libertad. En los próximos días habrán novedades”, dijo Ayala
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