La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) pidió este viernes que la presidenta Dina Boluarte rectifique sus declaraciones en las que sindicó a los gobernadores y alcaldes de azuzar las protestas y bloqueos, sobre todo en la zona sur.
A través de una carta abierta, el colectivo demandó a la mandataria que tenga a bien “corregirse o retractarse de las erróneas apreciaciones, percepciones y falsas imputaciones” sobre participación de las autoridades regionales y locales en los “movimientos sociales de protesta e indignación política”.
El reclamo se centra específicamente a lo dicho por Boluarte al término de sus reuniones con Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Patricia Li (Somos Perú), en las cuales se tocó la “preocupación” respecto al bloqueo de carreteras que, agregó, puede impedir llegada del material educativo para el inicio del año escolar.
“Los gobernadores y alcaldes han sido recientemente elegidos, pero si van a estar en esa retórica de querer seguir cerrando las carreteras, de querer seguir azuzando a la población de su región, en no trabajar con el Ejecutivo, ¿cuál va a ser la respuesta?”, expresó Boluarte y aseguró que algunos no quieren trabajar con el Ejecutivo.
“Es muy importante que las carreteras se desbloqueen los más antes posible porque la responsabilidad de quienes siguen bloqueando las carreteras y de los que están todavía azuzando a que sigan bloqueando carreteras, de ellos será la responsabilidad si es que el material educativo no llegue a tiempo al inicio de clases en el mes de marzo”, anotó.
Al respecto, la asociación presidida por el gobernador Rohel Sánchez (Arequipa) sostuvo que esas expresiones son “completamente falsas”, además de calificarlas como “ligerezas emotivas” que revisten mayor gravedad por la condición de presidenta de quien las expresa.
“Innecesariamente, genera un escenario peligroso de conflictividad social en nuestras regiones. Asimismo, contraviene la relación democrática que debe existir entre el gobierno nacional o Poder Ejecutivo con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, tanto provinciales como distritales”, señala el pronunciamiento.
Esta tarde, la jefa de Estado señaló que han malinterpretado sus declaraciones. “La intención es convocar. Nuevamente, llamo a las autoridades regionales y locales a seguir trabajando”, anotó.
Conflictos
Según Defensoría, solo el mes pasado el país contabilizó más de 200 conflictos sociales y más de 1.260 protestas, la cifra más alta desde que existen registros, debido a la crisis social y política que, desde diciembre de 2022, suma un saldo de 70 personas fallecidas.
Los datos muestran que, durante enero, se registraron 219 conflictos sociales en el país andino —165 activos y 63 latentes— y 1.261 protestas, un máximo histórico en los registros de esta institución.
Entre las más de 1.200 protestas llevadas a cabo en enero, el 86,7 % estuvo relacionado con la ola de protestas antigubernamentales que exige la renuncia de Boluarte y adelanto de elecciones para 2023, entre otros reclamos.