Han transcurrido más de dos meses desde que iniciaron las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y se han contabilizado al menos 60 fallecidos durante los enfrentamientos con las fuerzas del orden. Amnistía Internacional presentó un informe en el que señaló que en el Perú se están cometiendo “graves violaciones de los derechos humanos” alimentado por el racismo y la criminalización a las comunidades indígenas y campesinas.
“Efectivamente, en Perú se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos. Se trata de ataques generalizados hacia la población, con la intención de castigar y silenciar a personas que ejercen su legítimo derecho a la protesta”, aseguró la directora para las Américas de AI, Erika Guevara. Además, se señaló que en los ataques se realizó el uso ilegítimo de armas letales y armas menos letales de manera indiscriminada.
El texto difundido señala que la consecuencias del uso de estas armas “profundiza el racismo sistémico que existe en las autoridades del Estado”. Se trata de una actitud que se ha repetido durante las más de ocho semanas que el gobierno de Dina Boluarte está en el poder. Desde la Defensoría del Pueblo se ha informado que son al menos 60 víctimas mortales las reportadas durante los enfrentamientos con las autoridades.
“Las autoridades peruanas han permitido que, durante más de dos meses, el uso excesivo y letal de la fuerza sea la única respuesta del Gobierno ante el clamor social de miles de comunidades que hoy exigen dignidad y un sistema político que garantice sus derechos humanos”, indicó Amnistía Internacional para luego señalar que las manifestaciones se realizaron en las zonas “más marginadas del país”.
“No es casualidad que decenas de personas dijeran a AI que sentían que las autoridades las trataban como animales y no como seres humanos. El racismo sistémico arraigado en la sociedad peruana y en sus autoridades durante décadas, ha sido el motor de la violencia ejercida como castigo contra las comunidades que han alzado la voz”, recogió AI en un comunicado. Asimismo se denunció que “existen indicios de que se podría estar utilizando el sistema judicial de manera inapropiada”.
“Reiteramos nuestro llamado a la presidenta interina Dina Boluarte y al resto de autoridades del Estado a poner fin a la represión, atender las demandas legítimas de quienes protestan y garantizar que el Estado cumpla con su obligación de investigar todas las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables”, concluyó Guevara.
Reporte diario
La Defensoría del Pueblo ha señalado que al 16 de febrero entre los fallecidos se registran 48 civiles en los enfrentamientos, 11 civiles por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo y un policía por hechos de violencia en el contexto del conflicto. Son 1298 heridos siendo 905 los registrados en lo que va del año. Durante diciembre, desde el inicio del gobierno de Dina Boluarte, se registraron 393.
Se han registrado movilizaciones y concentraciones en 10 provincias: Andahuaylas, Cusco, Huancavelica, Lima Metropolitana, Pasco, San Román, Yunguyo, San Antonio de Putina, Puno y Lampa. En Puno se ha dado cuenta de una paralización parcial mientras que bloqueos de vías se registraron en las provincias de Quispicanchi, Canchis, Carabaya, Melgar, Azángaro, Lampa, Huancané, San Román, Puno, El Collao, Chucuito y San Antonio de Putina.
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