
Tres proyectos para el adelanto de elecciones generales en diciembre fueron rechazados la semana pasada en el Congreso de la República. Todo en medio de una grave crisis social que asedia al Perú, donde casi 60 personas perdieron la vida durante los enfrentamientos entre los manifestantes y las Fuerzas Armadas. También hay más de mil heridos, 68 carreteras bloqueadas y S/ 2,150 millones en pérdidas económicas a diario, según el Instituto Peruano de Economía (IPE).
El entrampamiento político comenzó el último miércoles cuando se desestimó una propuesta de Fuerza Popular de unos comicios complementarios que abría la posibilidad de la reelección parlamentaria que está prohibida desde el 2018. El fujimorismo no encontró el respaldo y, por ello, tuvo que ceder a la izquierda para que propusiera su dictamen en minoría.
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Básicamente, el legislador Bernardo Quito (Perú Libre) fue el autor del nuevo texto que proponía un adelanto de elecciones más la inclusión de una consulta a la población sobre la instalación de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Carta Magna.
La iniciativa tampoco resultó aprobada por la férrea oposición del fujimorismo, Avanza País y Renovación Popular. Además, una facción de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos y Somos Perú se unieron al rechazo a la constituyente de la izquierda.

Entonces, al perder la derecha y la izquierda, solo quedaba el proyecto de adelanto de elecciones del Gobierno de Dina Boluarte. El viernes se tuvo una sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución que contó con la presencia del ministro de Justicia, José Tello, y de los titulares de los organismos electorales: Piero Corvetto (ONPE), Jorge Luis Salas Arenas (JNE) y Carmen Velarde (Reniec).
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Al final se sometió a voto la propuesta del Ejecutivo. Se registró 11 a favor, 10 en contra y 1 abstención, lo que provocó que se mande al archivo.
Sin consenso alguno
El psicólogo social Hernán Chaparro sostuvo en diálogo con Infobae que el rechazo a los proyectos de adelanto de las elecciones generales para diciembre era previsible.
“Se veía una tendencia con las particulares propuestas que han ido apareciendo, pero la verdad son más que unos anecdotarios que suman finalmente para continuar. No por gusto hubo un consenso mínimo para generar esta figura, y que resulta una interpretación de los congresistas, que quieran elecciones complementarias. Eso solamente se da cuando el presidente disuelve el Congreso luego de haber tenido dos negaciones de confianza. Entonces, este no era el caso que encima se iba aplicar a la presidencia. El texto era débil ”, opinó sobre la primera iniciativa de Fuerza Popular para que los comicios sean este 2023.
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“Lo otro es que, si bien todos se quieren reelegir lo más que se pueda, además está la posición de las bancadas de Perú Libre y otras que han cerrado filas en buscar que se convoque a una Asamblea Constituyente, cuando finalmente otras bancadas como Fuerza Popular y Avanza País no desean. Finalmente, este tema de la constituyente está dividiendo”, agregó respecto a la propuesta de las bancadas de izquierda.
Chaparro explicó que este retroceso en fijar la fecha de las elecciones generales por parte del fujimorismo se debió, principalmente, porque se dieron cuenta que en la medida que pase más tiempo, el tema de la constituyente podría ganar más respaldo en las encuestas tal como lo evidenció el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) hace una semanas.
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“Creo yo que, cuando la gente pide una constituyente, está pidiendo un cambio. Es un mensaje básicamente antipolítico o antiestablishment contra los mismos de siempre. De igual manera, la constituyente ya no tiene un rechazo, sino una semilla de ilusión de creer que habrá cambios favorables para el pueblo”, analizó.
“Es una demanda que ha ido creciendo porque la política está entrampada. Los partidos no representan nada, el Congreso tiene un rechazo absoluto y eso se termina expresando en esta demanda de una constituyente. La gente termina pidiendo un cambio más que una propuesta especifica de una constituyente que puede impulsar Perú Libre y otro más”, añadió.
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El experto en estudios de opinión pública cree que, en un primer escenario, si no hay un acuerdo para que las elecciones generales se hagan este año y todo se aplaza a abril del 2024, pues le servirá a la izquierda para ganar más respaldo a la constituyente en las calles.
Por su parte, Chaparro sostiene que un segundo escenario queda ya en la cancha de la presidenta Dina Boluarte y los consejos que pueda recibir del premier Alberto Otárola sobre cómo controlar las manifestaciones sociales que se mantienen y puede conllevar a una situación de desgaste político.
“Creo que algún por momento, habrá una crisis mayor que la termine llevando a una renuncia y fuerce a una convocatoria para que haya elecciones en 270 días”, alegó. Sin embargo, el psicólogo social también consideró que esto esta posibilidad es poco probable y lejana debido a la situación judicial que Boluarte afrontaría por las casi 60 muertes durante las protestas sociales.
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“La señora Boluarte va termina saliendo por propia voluntad o porque la situación la va rebasar. Es cierto que, luego de todas las muertes ha habido, el Ejército y las fuerza policiales han comenzado a hilar más fino. Pero en el mejor de los casos tendrías un gobierno en el control policial y militar con un descrédito que, en el mejor de los casos, no va hacerla renunciar pero podría hacer crecer la indignación que lo capitalice a nivel electoral. Lo más sano para el país es que la presidenta Boluarte renuncie para salir de esta crisis política”, mencionó.

Esta situación de indecisión del Congreso, sostiene Chaparro, podría provocar definitivamente que las movilizaciones ciudadanas vayan más contra este poder del Estado al igual que se hace con el gobierno de Boluarte.
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