El informe final que recomendaba sancionar a la legisladora María del Carmen Alva (Acción Popular), por tirar del brazo de la también parlamentaria Isabel Cortez (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), fue aprobado por la Comisión de Ética con diez votos a favor, cinco en contra y cero abstenciones.
El incidente entre ambas congresistas se produjo el once de agosto del año pasado. Al interior del hemiciclo, la acciopopulista mostró una actitud exasperada y optó por realizar la citada acción. Después del hecho, sin embargo, esta se disculpó con la agraviada y ambas dieron por concluida la situación en buenos términos.
En aquel momento, Cortez manifestó que, a pesar de aceptar dichas disculpas, consideraba aún que la extitular del Congreso debía recibir una sanción del grupo de trabajo correspondiente.
En este contexto, Alva brindó sus descargos ante la Comisión de Ética el pasado catorce de noviembre. En dicha sesión también se recogieron otros testimonios y se presentaron los alegatos finales de ambas partes.
Finalmente, la comisión declaró fundada en parte la denuncia presentada por los cuatro colegas de la bancada de Cortez Aguirre, Ruth Luque, Sigrid Bazán, Edgar Raymundo y Roberto Sánchez; y las congresistas no agrupadas Susel Paredes y Flor Pablo, antes del Partido Morado.
La sanción impuesta a la ahora titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, el último seis de febrero, constituye la pena más leve comprendida en el reglamento de Ética del Legislativo. Se trata de una “recomendación pública”, en contra de la parlamentaria de Acción Popular, debido a que “no se ha acreditado una agresión física voluntaria”, pero sí se produjo una afectación a la imagen del Parlamento por la mencionada acción.
“Se ha acreditado que la conducta de la congresista denunciada generó la inmediata reacción de los medios de comunicación en sus distintas plataformas informativas; quienes transmitieron dicho incidente causando un malestar y rechazo de instituciones como la defensoría del pueblo y la ciudadanía en general, lo que generó que la imagen de la institución parlamentaria se vea afectada”, se lee en el documento.
El informe final del Expediente 063-2021-2022/CEP-CR también rechaza una presunta discriminación de parte de Alva Prieto a los trabajadores de limpieza.
La parlamentaria Luque Ibarra planteó una cuestión previa, antes de la lectura del fallo, para que el citado informe final sea reelaborado y se implemente, en consecuencia, otro tipo de sanción. Sin embargo, esta sugerencia fue descartada con once votos en contra y cuatro a favor.
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