
La filial peruana de la multinacional española Telefónica ha sido condenada por la Corte Suprema del Perú a pagar unos USD 854.7 millones en el litigio relativo al impuesto a la renta de los ejercicios 2000 y 2001, según informó la compañía a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Lima.
La Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema resolvió “en última instancia y de manera desfavorable” dicha sentencia contra Telefónica del Perú tras un largo proceso contencioso sobre el impuesto de la renta.
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En el hecho relevante no se precisa la cuantía económica de la sentencia, si bien apunta que el operador tenía efectuada la provisión para hacer frente a este proceso contencioso.
La compañía española, en los resultados del tercer trimestre de 2022, presentados en noviembre, incluye una provisión de USD 790 millones de euros en Perú por el litigio relativo a impuestos 2000 y 2001, publicó agencia EFE.
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La semana pasada la filial de Telefónica en Perú anunció que había efectuado una nueva provisión de S/ 630.6 millones (USD 167.7 millones) que está relacionada con los procesos contenciosos-administrativos referidos al impuesto de la renta de los ejercicios 1998 a 2004.
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Recurrirán al CIADI
La batalla fiscal de Telefónica en Perú por unos litigios que comenzaron en 2007 por el impuesto de sociedades desde 1998, le supondría que tendría que pagar de forma inmediata USD 998.1 millones, publicó el medio español El Confidencial.
Aunque la sentencia de la Corte Suprema de Perú es firme, aún la compañía tiene la opción de recurrir ante la corte internacional de arbitraje (CIADI), donde consideran que tienen suficientes argumentos jurídicos para ganar y revocar la sanción, señalaron fuentes cercanas a la compañía.
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Expresa descuerdo sobre disputa fiscal
El principal operador de telecomunicaciones del país informó que en la fecha fue notificada de diversos fallos emitidos por la Corte Suprema que resuelven de manera desfavorable procesos seguidos con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) referidos al Impuesto a la Renta.
“Aunque la compañía ha realizado en el tiempo provisiones suficientes en relación con estos procesos, el impacto de las decisiones es todavía materia de evaluación y deberá ser objeto de liquidación por parte de la SUNAT”, sostuvo Telefónica del Perú.
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Entre otras cosas, la compañía consideró que el monto original de las disputas se ha visto incrementado exponencialmente por los intereses generados por la demora, no atribuible a la compañía, de casi 20 años en la tramitación de las controversias. “Esta grave demora ha originado que la cifra reclamada por la SUNAT actualmente está compuesta, en más de un 80%, por intereses y multas”, agregó.
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La compañía recordó que en 2021 el Tribunal Constitucional concedió la razón a Telefónica del Perú, al reconocer que ésta fue objeto del cobro de intereses por demoras no imputables a la compañía.
“Lamentablemente, la adopción de esta decisión produjo públicas discusiones entre los magistrados del Tribunal y el criterio en el que se sustentaba inexplicablemente no fue recogido en un segundo caso seguido por la compañía con la SUNAT, pese a ser de las mismas características”, explicó la empresa.
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Asimismo, Telefónica del Perú dijo que ha pagado durante sus 28 años en el Perú más de S/ 10.000 millones al fisco peruano que, sumados a los fallos notificados, colocan la tasa impositiva de la compañía en ratios alejados de cualquier lógica internacional.
“El principal accionista de la compañía mantiene desde marzo de 2021 un arbitraje internacional ante la CIADI por diversas conductas del Estado Peruano violatorias del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Perú, incluyendo asuntos relacionados con estos temas tributarios”, sostuvo la compañía.
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