La ministra de la Mujer, Grecia Rojas, presentó este viernes su renuncia al gabinete de Dina Boluarte, con lo cual se convirtió en la segunda renunciante de la plancha ministerial en respuesta a las protestas antigubernamentales que suman casi medio centenar de fallecidos desde diciembre, 21 de ellos en los últimos cuatro días.
“El Perú necesita de acciones políticas que devuelvan la confianza en la democracia y el orden constitucional. ¡Diálogo y autocrítica!. Mantengo firme mi compromiso con las mujeres y los más vulnerables”, señaló Rojas.
Previamente, el titular de Trabajo, Eduardo García, presentó su carta de dimisión a la mandataria, a quien instó a pedir disculpas y a reconocer errores. “Se requiere que se pida disculpas a la población y que se reconozca que se han cometido errores que deben ser corregidos para que esto no se repita”, insistió.
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Ocurre el mismo día en que el vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator para Perú, Stuardo Ralón, señaló que las fuerzas de seguridad deben actuar dentro de los estándares interamericanos del uso de la fuerza que implican “legalidad, necesidad y proporcionalidad”.
“Esperemos que no haya un muerto más, el compromiso que nos ha manifestado el Estado es que va a actuar en el marco de los estándares internacionales”, subrayó Ralón.
Agregó que esta información se obtuvo a partir de las primeras indagaciones efectuadas por las fiscalías penales, de prevención del delito y contra la criminalidad organizada.
La Defensoría del Pueblo confirmó que 41 manifestantes murieron en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, además del policía, mientras que agrega que otras siete personas perdieron la vida “por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo” de vías.
Carpetas fiscales
Al respecto, la Fiscalía señaló que ya ha abierto 8 investigaciones con el objetivo de determinar “a los responsables de la pérdida de estas vidas humanas” en las protestas.
Además, hay otras 3 carpetas fiscales por los ataques que sufrieron las sedes del Ministerio Público en ciudades del sur del país.
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