Sancionan a empresas por presentar irregularidades en historial de crédito de los consumidores panameños

En Panamá las sanciones por irregularidades en el manejo de historiales de crédito de consumidores durante los primeros nueve meses de 2026 sumaron $65,200.00.

Las multas alcanzaron a empresas de cobranzas, bancos, cooperativas, financieras, distribuidoras e importadoras.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) indicó que la principal falta detectada fue la incorporación de referencias de personas que nunca tuvieron relación con el agente económico señalado.

Ese motivo concentró 10 sanciones y $19.000,00 del monto total aplicado en primera instancia.

La Acodeco informó que las medidas responden a infracciones contra la Ley 24 de 22 de mayo de 2002, que regula el servicio de información sobre el historial de crédito de los consumidores.

Precisó que las estadísticas corresponden al Departamento de Investigación y abarcan el período mencionado.

Las sanciones, dijo, se aplicaron por errores u omisiones que pueden afectar la información financiera de una persona.

Los registros crediticios inciden en las evaluaciones para acceder a financiamientos y a otros servicios, por lo que los datos deben reflejar la situación real de cada consumidor.

Además de los casos por referencias sin vínculo con el agente económico, la Acodeco registró cuatro multas por no eliminar referencias prescritas, sanciones que representaron $14,200.00.

La rectificación del historial por números originó otras cuatro sanciones, por un total de $9,000.00.

También se contabilizaron tres multas por no eliminar observaciones de cuentas contra reserva, que sumaron $6,000.00.

El listado incluyó una sanción de $2.000,00 por la eliminación de una referencia original asociada a una reestructuración. A ello se agregó una multa de $15,000.00 por no rectificar una referencia que debía pasar de activa a cancelada.

El sector de cobranzas recibió 12 multas por $24,000.00, según el desglose de actividades elaborado por el Departamento de Investigación.

Los bancos acumularon seis sanciones, con un monto conjunto de $15,100.00. Las cooperativas recibieron dos multas que sumaron $7,100.00.

Las financieras también fueron objeto de dos sanciones, por $4,000,00. En tanto, una distribuidora o importadora recibió una multa por $15,000.00.

La distribución muestra que las irregularidades alcanzaron a distintos sectores que administran o manejan información vinculada con obligaciones financieras de sus clientes.

Se indicó que la Ley 24 establece obligaciones para las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que desarrollan actividades económicas, financieras, bancarias, comerciales o industriales y conservan datos sobre el comportamiento crediticio de los consumidores.

La norma también alcanza a las agencias de información de datos que prestan servicios de almacenamiento, transmisión o consulta de historiales de crédito, ya sea mediante herramientas tecnológicas o sistemas manuales.

Durante los primeros nueve meses de 2026, la institución recibió 724 quejas relacionadas con la aplicación de la Ley 24. Las reclamaciones incluyeron pedidos para eliminar referencias, corregir información y actualizar el estado de obligaciones crediticias.

El dato refleja que los consumidores pueden cuestionar información que consideren incorrecta, desactualizada o ajena a su situación financiera. La reclamación permite solicitar una revisión y, cuando corresponda, la rectificación del registro.

Las estadísticas comparativas del Departamento de Investigación consignaron 1.059 quejas durante 2025. La diferencia entre ambos registros no permite anticipar el resultado anual, dado que la cifra de 2026 abarca solo los primeros nueve meses.

Acodeco recordó que cada persona debe revisar periódicamente los datos que figuran en su historial de crédito. La recomendación cobra relevancia ante la posibilidad de que aparezcan referencias desconocidas o que una obligación mantenga una condición que ya no corresponde.

La Ley 24 exige datos veraces, actualizados y confiables. El propósito es proteger la confiabilidad, la veracidad, la actualización y el manejo adecuado de los datos personales vinculados con el historial de crédito de consumidores y clientes.

La regulación comprende la información que ya forma parte de una agencia de datos autorizada y aquella que puede ser incorporada en el futuro. Busca ordenar la actividad de quienes administran esas agencias y de los agentes económicos que mantienen registros crediticios. De esa forma, establece parámetros para el uso de información que puede influir en decisiones sobre créditos y otros servicios.