¿El cierre ordenado implica reactivar la mina? Las dudas detrás de la recomendación para Cobre Panamá

El concepto de “cierre ordenado” quedó en el centro de la recomendación entregada al presidente José Raúl Mulino para definir el futuro de la mina de cobre en Donoso. Sin embargo, esas dos palabras abarcan un proceso complejo que puede extenderse durante décadas y que deberá financiarse con recursos del propio sitio minero.

En la minería internacional, un cierre ordenado no consiste simplemente en detener la extracción y abandonar las instalaciones. Comprende etapas de planificación, desmantelamiento, estabilización física y química, manejo de relaves y aguas, rehabilitación ambiental y monitoreo posterior, además de recursos financieros suficientes para cumplir las obligaciones durante todo el proceso.

Las prácticas internacionales también contemplan el denominado cierre progresivo, mediante el cual determinadas áreas pueden rehabilitarse mientras otras actividades continúan desarrollándose.

Cada proyecto, sin embargo, requiere definir qué trabajos serán necesarios, cuánto costarán, quién tendrá la responsabilidad de ejecutarlos y durante cuánto tiempo deberá mantenerse la vigilancia después del cierre definitivo.

En el caso de Cobre Panamá existe una particularidad: la operación comercial se detuvo abruptamente a finales de 2023, después de que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato minero.

El complejo quedó detenido, pero no técnicamente cerrado, por lo que sus instalaciones continúan requiriendo mantenimiento, vigilancia y manejo ambiental permanente.

Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias, explicó que una operación de esa magnitud no puede cerrarse en uno ni cinco años. La comisión interministerial recomendó establecer las condiciones para iniciar un cierre ordenado del sitio, sin costo fiscal para Panamá y con supervisión independiente de estándar internacional.

Mulino fue incluso más amplio sobre el horizonte temporal. Al recibir las recomendaciones señaló que el cierre deberá ser conducido con orden y financiado por el propio sitio, paso a paso, incluso si el proceso toma décadas. Esa condición introduce una de las principales interrogantes sobre cómo funcionará financieramente la propuesta.

Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, estableció como principio que el Tesoro Nacional no aporte dinero para cerrar la mina. Según explicó, una clausura asumida directamente por el Estado podría representar miles de millones de dólares y comprometer recursos destinados a programas sociales, subsidios y otras obligaciones de las finanzas públicas.

Hasta ahora, el cuidado y preservación del complejo se ha financiado con recursos obtenidos dentro del propio sitio minero. Primero se utilizó el concentrado de cobre que permanecía almacenado y posteriormente se autorizó procesar mineral que había sido extraído en 2023 y permanecía expuesto a la intemperie.

Ese antecedente coloca una pregunta en el centro de la discusión. Si el material previamente extraído constituye un recurso limitado y el cierre ordenado puede prolongarse durante décadas, ¿de dónde saldrá el dinero cuando se agote? ¿Será necesaria alguna actividad minera para continuar financiando el proceso hasta su culminación?

La comisión no respondió públicamente esas preguntas durante la presentación. Tampoco anunció una reapertura de la mina ni una nueva autorización de extracción. Sin embargo, la fórmula propuesta —un cierre potencialmente de décadas, pagado enteramente por el propio sitio— deja pendiente definir qué actividades producirán los recursos necesarios para sostenerlo durante todo ese período.

Moltó incorporó otro elemento al señalar que los yacimientos minerales pertenecen y continuarán perteneciendo a los panameños. Al explicar el principio de soberanía sobre el subsuelo, indicó que lo que deberá discutirse es quién trabaja el recurso, bajo qué condiciones y qué beneficio derivado de esa actividad llegará al país.

La afirmación abre otras interrogantes que la recomendación todavía no despeja: ¿quién estaría encargado de trabajar el recurso durante el proceso de cierre? ¿Qué podría hacer exactamente? ¿Existiría un límite de extracción o un plazo determinado? ¿Bajo qué figura jurídica podría desarrollarse alguna actividad y cómo se compatibilizaría con el fallo de la Corte Suprema de Justicia?

También deberá determinarse quién ejecutará físicamente el cierre. Moltó planteó como principio que quien opere no sea al mismo tiempo quien verifique el cumplimiento de las obligaciones y que quien cierre tampoco sea quien certifique que el trabajo quedó correctamente realizado. Esto supone una supervisión independiente cuyas características todavía tendrán que establecerse.

El cierre minero tampoco concluye necesariamente cuando desaparece la actividad productiva. Dependiendo de las características del proyecto, el monitoreo ambiental puede continuar durante años después de la clausura, especialmente sobre depósitos de relaves, estabilidad del terreno y calidad de las aguas. En Cobre Panamá, esas obligaciones adquieren otra dimensión por el tamaño del complejo.

Chapman añadió una condición que amplía todavía más la discusión. Su recomendación no se limita a que el sitio genere suficiente dinero para pagar su propia clausura, sino que habló de un cierre ordenado que se autofinancie y que, además, deje recursos económicos al país durante el proceso.

Pero la comisión no tomó la decisión final sobre el futuro de la mina. Mulino recalcó que recibió un estudio y una recomendación, no una autorización de operaciones, y anunció que analizará el documento con su Gabinete y sus abogados antes de establecer el camino que seguirá el complejo de Donoso.

Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente, reforzó la diferencia entre paralizar las operaciones y ejecutar técnicamente el cierre de una mina. Sostuvo que Cobre Panamá nunca fue cerrado de manera ordenada, sino que sus actividades fueron suspendidas abruptamente, dejando una instalación de miles de hectáreas que todavía requiere supervisión y monitoreo ambiental.

Para Navarro, detener la producción de un día para otro no equivale a cerrar un complejo minero de esta magnitud. El proceso requiere un plan de preservación y gestión segura que atienda durante el tiempo necesario los factores ambientales existentes, lo que ayuda a explicar por qué el cierre planteado no puede entenderse como una clausura inmediata.

La responsabilidad pasa ahora al mandatario. Será Mulino quien deberá determinar qué significará en la práctica el “cierre ordenado” recomendado por sus ministros, bajo qué condiciones se realizará, quién estará encargado de ejecutarlo y cómo se obtendrán los recursos para financiar un proceso que él mismo reconoció que podría extenderse durante décadas.

Hasta entonces, la expresión deja abiertas preguntas fundamentales. Si el Estado no aportará dinero, si los recursos disponibles actualmente son limitados y si el propio sitio tendrá que financiar durante años su clausura, queda por conocer qué ocurrirá cuando esos recursos se agoten y si el camino hacia el cierre definitivo requerirá nuevamente actividad minera.