Empresarios abogan porque en Panamá impere un sistema electoral sólido, sin imponer posiciones

Como un “retroceso” califica la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) el hecho de que un candidato podría postularse simultáneamente a dos cargos de elección popular y, si gana en ambos, conservar los dos durante todo el período constitucional.

Esto, alega, desvirtúa la representación popular y termina delegando funciones en un suplente sin respaldo directo de los votantes.

La advertencia se desprende de las reformas al Código Electoral que la Asamblea Nacional de Panamá aprobó en primer debate.

El gremio exige que el segundo debate corrija ese punto y otros que, según la organización, apuntan en la dirección equivocada para la democracia panameña.

Uno de los cambios más cuestionados impide que el Tribunal Electoral apruebe o modifique disposiciones sobre situaciones que surjan una vez abierto el proceso electoral. El organismo calificó esta propuesta como la señal más alarmante del paquete de reformas.

Apunta que el artículo 143 de la Constitución otorga de manera privativa al Tribunal la facultad de reglamentar, interpretar y aplicar la ley electoral.

Para el gremio, una norma legal no puede contradecir esa competencia constitucional con el argumento de evitar cambios durante una elección: cualquier preocupación sobre la estabilidad de las reglas debe resolverse con apego a la Constitución, no restringiendo atribuciones del organismo electoral.

La reforma también eleva los límites del financiamiento privado hasta $500.000 para determinadas candidaturas a diputado y alcalde.

En este punto, sostuvo que ese aumento amplía la ventaja de quienes ya cuentan con recursos y eleva el riesgo de que intereses particulares, incluso vinculados al crimen organizado, influyan en la oferta electoral.

La Apede considera que las campañas panameñas deben centrarse en propuestas y planes de trabajo, no en la capacidad de recaudar y gastar dinero. Pidió, en cambio, mayor fiscalización, trazabilidad de los aportes y rendición de cuentas efectiva.

Durante años, las sucesivas reformas electorales en Panamá buscaron limitar el financiamiento público y privado para equilibrar la competencia. Elevar los topes actuales revertiría ese esfuerzo, según la organización empresarial.

Rechazó cualquier cambio que reduzca las oportunidades de las candidaturas por libre postulación.

Asegura que la Comisión Nacional de Reformas Electorales avanzó durante años hacia mayor apertura para los candidatos independientes, y revertir ese proceso reduciría las opciones ciudadanas y debilitaría la pluralidad electoral.

La organización exigió también que cualquier revisión de los circuitos electorales explique públicamente sus criterios y sus efectos sobre la representación. Los diputados, insistió, deben aclarar cómo cada cambio en los circuitos y en la fórmula para adjudicar curules afectaría la proporcionalidad, sin evaluar las reglas solo por el resultado que habrían producido en una elección anterior.

Otro punto polémico, siempre según la Apede, son las propuestas para elegir las directivas de los partidos mediante nóminas completas, cerradas y bloqueadas. Ese mecanismo otorgaría todos los cargos a la lista ganadora y dejaría sin representación a otras corrientes internas.

Los ejecutivos de empresa piden que los diputados expliquen antes de aprobar estos cambios a quiénes beneficiarían y cómo garantizarían el derecho de todos los militantes a elegir y ser elegidos dentro de sus partidos.

La misma lógica de listas cerradas se aplicaría a la selección de candidaturas al Parlamento Centroamericano, con principales y suplentes definidos de antemano. El gremio plantea que los miembros de los partidos puedan votar individualmente por quienes aspiran a representarlos, y que ese resultado determine la conformación final de las listas.

La reforma reduce de cuatro a tres años el plazo para perseguir delitos electorales. La Apede considera que esa reducción envía una señal equivocada, porque las conductas que afectan la integridad de una elección deben poder investigarse y sancionarse de forma eficaz y ejemplar.

El gremio se opone además a mantener el fuero penal electoral. Argumenta que participar en una contienda no debe convertirse en un obstáculo para investigar posibles delitos, y que quienes aspiran a representar a los ciudadanos deben responder ante la justicia en igualdad de condiciones, con pleno respeto al debido proceso.