Avanza en Panamá una propuesta para establecer pausas de hasta 15 minutos cada dos horas de trabajo

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional prohijó el anteproyecto de ley 1, que propone pausas activas, medidas de descanso y atención preventiva de la salud mental en los centros de trabajo.

La iniciativa, presentada por el diputado Manuel Cheng, abarcaría a trabajadores y empleadores de los sectores público y privado en Panamá.

Algunas empresas multinacionales en Panamá ya promueven pausas activas durante la jornada laboral; el anteproyecto busca establecerlas como una obligación para empleadores públicos y privados.

La propuesta establece pausas activas de entre 10 y 15 minutos por cada dos horas de trabajo continuo. Las define como interrupciones breves que pueden incluir ejercicios de baja intensidad para reducir la fatiga y prevenir molestias físicas.

Su aplicación buscaría atender tanto las exigencias de puestos sedentarios como las de labores que requieren permanecer de pie.

Uno de los cambios se dirige a cajeras, personal de atención al cliente y trabajadores con funciones similares. El texto plantea que puedan realizar sus labores sentados cuando las características del puesto lo permitan.

Cuando deban permanecer de pie, los empleadores tendrían que ofrecer asientos para períodos de baja actividad o descansos frecuentes durante la jornada.

El anteproyecto también propone que los empleadores brinden acceso a orientación psicológica preventiva y adopten una política interna de bienestar laboral. Para Cheng, la salud de quienes trabajan comprende tanto las lesiones y el cansancio físico como las presiones y el desgaste emocional que pueden acumularse durante la actividad diaria.

Las empresas de mayor tamaño tendrían que evaluar anualmente los riesgos psicosociales mediante herramientas validadas.

El texto incluye además mobiliario ergonómico y condiciones ambientales adecuadas entre las obligaciones previstas. Estos riesgos comprenden aspectos de la organización y gestión del trabajo que pueden afectar la salud física o emocional de las personas.

Las exigencias variarían según el número de trabajadores de cada empresa. Las que tengan más de 50 empleados deberían cumplir todas las medidas previstas; las de 11 a 49 tendrían obligaciones mínimas y aplicarían las mejoras ergonómicas según sus posibilidades.

Las unidades de hasta 10 trabajadores contarían con una implementación progresiva y apoyo técnico estatal.

La iniciativa reconoce el derecho a descansos programados y pausas activas sin represalias, así como a recibir formación sobre manejo del estrés y autocuidado.

También plantea que los trabajadores puedan comunicar condiciones que afecten su salud emocional y acceder a alternativas frente a la permanencia prolongada de pie.

Para supervisar su aplicación, el anteproyecto asigna funciones a la Dirección de Inspección del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Sus inspectores podrían actuar mediante visitas programadas o a partir de denuncias y solicitar planes correctivos con plazos definidos.

El texto contempla denuncias anónimas por una plataforma digital confidencial y protección frente a represalias.

Si se aprueba con su redacción actual, las infracciones podrían recibir multas de $100 a $500 para micro y pequeñas empresas, de $500,01 a $1.000 para medianas y de $1.000,01 a $2.500 para grandes empresas. La propuesta también permite requerir correcciones antes de imponer sanciones, según las condiciones detectadas en una inspección.

Cheng incluyó un incentivo: la certificación “Empresa Saludable” para las compañías que cumplan los estándares de bienestar, ergonomía y prevención del estrés.

El anteproyecto les otorgaría puntaje adicional o prioridad técnica en contrataciones públicas. Mitradel mantendría un registro digital de las empresas certificadas, que podrían exhibir el reconocimiento.

El diputado sostiene que estas medidas buscan reducir lesiones, ausentismo y desgaste psicológico, además de mejorar las condiciones en que se desarrolla la jornada laboral. El prohijamiento permite que la iniciativa continúe su trámite legislativo a primer debate.