
Cuatro hombres fueron condenados a penas de 40 y 48 meses de prisión por hechos relacionados con la extracción ilegal de minerales en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos y el Parque Nacional Chagres. Según la Procuraduría General de la Nación, dos de los casos ocurrieron dentro del área protegida.
Las condenas se dictaron después de que los cuatro hombres aceptaran su responsabilidad en audiencias de solicitudes múltiples. La Fiscalía Superior de Ambiente obtuvo la legalización de sus aprehensiones y presentó la imputación por delitos contra los recursos naturales. La Procuraduría no precisó cuántos recibieron cada pena.
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En el primero de los hechos, dos hombres fueron aprehendidos por la Policía Nacional en el corredor de los Pobres, en Ernesto Córdoba Campos. La investigación los vinculó con la destrucción y degradación de recursos naturales para extraer mineral metálico, mediante acciones que alteraron el cauce natural de una fuente hídrica.
Los otros dos condenados fueron aprehendidos en el Parque Nacional Chagres. De acuerdo con la Fiscalía, realizaron actividades destinadas a extraer mineral metálico que provocaron destrucción y degradación de recursos naturales dentro del área protegida. La Procuraduría no informó las fechas de los hechos.

En una intervención reciente, otras dos personas fueron aprehendidas en el mismo parque, esta vez en la quebrada Peluca, corregimiento de Caimitillo. Se investiga si realizaban minería ilegal.
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Durante ese operativo, las autoridades decomisaron dos motobombas, cuatro palas y dos bateas de madera como posibles indicios de extracción. Técnicos del Ministerio de Ambiente y guardaparques documentaron las afectaciones registradas en el sitio, mientras se preparaba la remisión de los aprehendidos y los objetos a la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Ambientales.
El Ministerio de Ambiente también anunció un procedimiento administrativo por la intervención en la quebrada Peluca. En el operativo participaron la Policía Ambiental, la Unidad de Inteligencia Contra los Delitos Ambientales y el Equipo Multidisciplinario Especializado Ambiental, como parte de las labores de vigilancia en el parque.
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Los casos se producen en un contexto de aumento de los delitos ambientales y de ordenamiento territorial. Entre enero y julio de 2026, el Ministerio Público registró 420, frente a 347 en el mismo período de 2025: 73 registros adicionales, equivalentes a un incremento del 21%. Las cifras son preliminares.

Dentro de ese total, 227 correspondieron a delitos contra los recursos naturales. La categoría de destrucción de recursos naturales, identificada en el informe bajo el artículo 399, sumó 151 registros, frente a 115 un año antes.
La Ley General de Ambiente establece reglas para intervenir fuentes hídricas y áreas protegidas, espacios afectados en los hechos descritos por las autoridades. En el caso de la quebrada Peluca, la responsabilidad penal de los dos aprehendidos aún debe determinarse dentro de la investigación.
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El artículo 399 del Código Penal, tipifica los delitos contra los recursos naturales: Sanciona con penas de 3 a 6 años de prisión a quien, infringiendo las normas de protección ambiental, destruya, extraiga, contamine o realice actos de extracción ilegal de recursos minerales que afecten el equilibrio ecológico o las fuentes hídricas.
Por su parte, la Ley 41 de 1998 (Ley General de Ambiente), prohíbe las intervenciones clandestinas en cauces de ríos y áreas protegidas.
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