Declaran culpables en Panamá a integrantes de una estructura ligada al Clan del Golfo

La Operación Fisher llegó a una fase decisiva casi cinco años después de su ejecución, con un fallo que estableció responsabilidades por blanqueo de capitales y asociación ilícita. El proceso fue seguido contra 14 personas naturales y dos sociedades jurídicas, investigadas por su presunta participación en una estructura vinculada con el tráfico internacional de drogas.

El Tribunal de Juicio de la Oficina Especializada contra la Delincuencia Organizada comunicó su decisión el 9 de septiembre, luego de valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público y las defensas. El debate comenzó el 23 de julio de 2025 y se extendió durante más de 13 meses, una duración excepcional para un juicio penal en Panamá.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Anabel Varela Lara, en calidad de presidenta; Dieter Targanski Gómez, como relator; y Baloisa Marquínez Morán, como tercer juez. Algunos de los procesados participaron presencialmente y otros permanecieron conectados de manera virtual durante la audiencia en la que se comunicó el sentido del fallo.

Después de las deliberaciones, los jueces declararon probada la teoría del Ministerio Público respecto de 11 procesados por el delito de blanqueo de capitales. En cuanto a la asociación ilícita para delinquir, el Órgano Judicial informó que quedó establecida la responsabilidad penal de seis de las personas acusadas.

Las cifras no deben sumarse como si correspondieran a grupos distintos, porque algunos procesados pudieron ser declarados responsables por ambos delitos. Aunque el Ministerio Público mencionó siete condenas relacionadas con la asociación ilícita, el informe del Órgano Judicial señaló seis. La sentencia permitirá precisar el alcance individual de las decisiones adoptadas.

El tribunal también concluyó que dos personas jurídicas fueron creadas con el propósito de convertir dinero procedente de actividades ilícitas en fondos y bienes aparentemente legítimos. Las sociedades habrían formado parte del mecanismo utilizado para incorporar los recursos a actividades económicas y ocultar la procedencia atribuida al narcotráfico.

La decisión no fue condenatoria en todos sus extremos. Los jueces consideraron que la asociación ilícita no quedó probada respecto de dos investigados y ordenaron la liberación inmediata de uno de ellos, quien permanecía bajo detención provisional. El proceso continuaría con la individualización judicial de las sanciones correspondientes.

La Operación Fisher fue ejecutada en diciembre de 2021, después de una investigación dirigida por las fiscalías superiores especializadas en delitos relacionados con drogas. El objetivo era desarticular una red criminal presuntamente relacionada con el Clan del Golfo, que operaba desde las costas de Colón y utilizaba Panamá como ruta para trasladar cargamentos hacia el norte del continente.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la organización recibía y almacenaba grandes cantidades de droga procedentes de Colombia en sectores de Costa Arriba y Costa Abajo. Posteriormente, las sustancias eran ocultadas en vehículos y trasladadas a través del territorio nacional antes de continuar hacia Centroamérica y Estados Unidos.

Los vehículos utilizados habían sido acondicionados con compartimentos de doble fondo para esconder los cargamentos, mientras que otras cantidades eran introducidas en cilindros de gas, llantas y espacios clandestinos. Después del recorrido terrestre, la droga era movilizada hacia el norte mediante lanchas rápidas empleadas por la organización.

Como resultado de la operación, las autoridades reportaron la incautación de 1.5 toneladas de drogas y cerca de 10 millones de dólares en efectivo. También fueron identificados aproximadamente 20 millones de dólares en activos, incluidos al menos 38 vehículos de alta gama y armas de fuego relacionados con la investigación.

El proceso no se concentró únicamente en el traslado de las sustancias ilícitas. Las investigaciones también abarcaron el movimiento del dinero generado por las actividades criminales, la adquisición de bienes y el uso de sociedades jurídicas. Esos elementos sustentaron las acusaciones presentadas por blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir.

Antes del inicio del juicio, el Ministerio Público alcanzó casi 30 acuerdos de pena durante la etapa intermedia del proceso. Estos convenios produjeron condenas y permitieron decomisar propiedades y dinero, mientras que los acusados que no llegaron a acuerdos continuaron sometidos al debate oral iniciado en julio de 2025.

La audiencia de individualización judicial fue programada para el 11 de septiembre, cuando las partes debían presentar sus argumentos sobre las sanciones aplicables. La lectura de la sentencia quedó fijada para el 6 de octubre a las 9:00 de la mañana, fecha en la que se conocerán las penas y la fundamentación completa de la decisión.

El fallo representa el resultado de una investigación desarrollada desde 2021 y de un juicio prolongado por más de un año. Sin embargo, el proceso no concluye con la comunicación del sentido condenatorio, debido a que todavía debe leerse la sentencia y posteriormente podrán presentarse los recursos establecidos dentro del sistema penal panameño.