Nostalgia entre las olas: El triste desarraigo de los pueblos afrodescendientes del golfo de Panamá

Las comunidades afrodescendientes de Casaya, Casayeta y Bolaño, en el archipiélago panameño de Las Perlas, reclaman el retorno de las familias que dejaron las islas ante la pérdida de territorio, el cierre de la escuela y la falta de servicios básicos como agua potable, electricidad y atención sanitaria.

La situación ha fragmentado familias y redujo la presencia de habitantes en las islas, ubicadas en el municipio de Balboa, en el golfo de Panamá. Para quienes permanecen allí o debieron trasladarse a Ciudad de Panamá, el conflicto no se limita a la disputa por la propiedad: afecta la continuidad de la vida comunitaria, el acceso a la educación y la posibilidad de que niños y jóvenes crezcan en el lugar de origen de sus familias, de acuerdo a datos de la ONU.

“Es muy difícil haber crecido con tus primos, con tus hermanos, corriendo, saltando, brincando, nadando, visitando todo el archipiélago, poder pasar el verano y parte del año en este paraíso, y que de repente todo se desvanezca”, relató Nairobi Centeno, cuya familia proviene de Casayeta.

La población de estas islas desciende de personas africanas esclavizadas que fueron llevadas al archipiélago durante la colonia española para trabajar en la extracción de perlas. Con el paso de los años, las familias consolidaron comunidades dedicadas a la pesca, la agricultura y la artesanía.

Los habitantes sostienen que sus derechos sobre las tierras ancestrales fueron desconocidos pese a resoluciones y documentos que, según afirman, respaldan su posesión. Armando Pinto, vicepresidente del Comité Pro Rescate de las islas Casaya, Casayeta y Bolaño, denunció que autoridades locales vendieron parcelas a terceros y redujeron de forma progresiva el espacio disponible para la comunidad.

“Nos sentimos vulnerados en nuestros derechos ancestrales y en los derechos que todo pueblo y todo ser humano tiene aquí en la tierra”, afirmó Pinto.

El Movimiento Afropanameño informó en 2025 al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas que persiste la inseguridad jurídica sobre los territorios de Casaya, Casayeta y Bolaño. En su presentación, señaló que la entrega irregular de títulos a terceros provocó el cierre de la escuela, la falta de servicios básicos y la ausencia de un centro de salud, pese a la existencia de una sentencia firme y pronunciamientos de instituciones estatales que, según la organización, ordenan o respaldan la devolución de los terrenos a sus moradores.

Maritza Cajar, habitante de Casayeta de 66 años, resumió la situación con una frase: “La gente de plata nos quiere quitar la tierra y eso lo estamos peleando”.

El cierre de la escuela acentuó la salida de familias. Edward Sosa, residente de la isla desde su nacimiento, explicó que la ausencia de clases alteró la vida cotidiana de la comunidad. “Perder la escuela ha sido un golpe muy duro porque la comunidad se va convirtiendo en una comunidad vacía, sin niños. La comunidad no es igual”, dijo.

Jeffrey Pinto, un joven originario de Casayeta que hoy vive desplazado, recordó que la isla contó con electricidad y agua potable. Milagros Pérez, de 22 años y también desplazada, cuestionó el cierre de la escuela cuando aún había niños que requerían educación.

El apoyo local e internacional

La denuncia llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2024, con apoyo de la Defensoría del Pueblo de Panamá y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La comunidad denunció apropiación irregular de territorios, despojo y exclusión.

Andrés Sánchez Thorin, representante de ONU Derechos Humanos en América Central, señaló que la oficina acompañó a los habitantes en coordinación con la Defensoría del Pueblo. Explicó que ese trabajo incluyó monitoreo de la situación, fortalecimiento de capacidades y herramientas para utilizar mecanismos nacionales e internacionales de protección.

Según Sánchez Thorin, la Defensoría emitió resoluciones que documentaron presuntas violaciones de derechos humanos, mientras distintas instituciones estatales abrieron expedientes sobre el caso. También mencionó avances en la reversión de tierras.