La Procuraduría General de la Nación sumó esta semana una serie de condenas por delitos de alto impacto que incluyen un doble homicidio, abusos sexuales contra una menor de edad y violencia doméstica, en procesos que concluyeron con penas de 32, 33 y 10 años de prisión, respectivamente.
La sentencia de mayor relevancia corresponde al caso del asesinato de dos transportistas independientes ocurrido en la provincia de Coclé en 2022, un crimen que conmocionó al país por la modalidad utilizada por los responsables.
La Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Coclé logró que un tribunal condenara a 32 años de prisión a un ciudadano de 23 años por el delito de homicidio doloso agravado en perjuicio de Rafael Martínez, de 64 años, y Rolando Hernández, de 52.
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Ambos hombres, dedicados al transporte independiente de carga y residentes en Las Mañanitas, desaparecieron luego de aceptar un supuesto servicio de acarreo que terminó convirtiéndose en una emboscada para robarles el camión en el que trabajaban.
Las investigaciones establecieron que las víctimas fueron contactadas el 9 de mayo de 2022 para realizar un aparente flete con destino a Chilibre. Sin embargo, el ofrecimiento formaba parte de un esquema delictivo conocido como “falso acarreo”, utilizado para atraer transportistas, despojarlos de sus vehículos y posteriormente asesinarlos. Desde ese día, sus familiares perdieron todo contacto con ellos.
El desenlace se confirmó entre el 11 y el 12 de mayo de 2022, cuando los cuerpos fueron encontrados en un área apartada del sector de Los Meneses, en Capellanía de Natá, provincia de Coclé.
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Vecinos alertaron inicialmente sobre la presencia de uno de los cadáveres y, durante la inspección realizada por peritos forenses, fue localizado el segundo cuerpo a pocos metros. Ambos presentaban signos de violencia compatibles con una ejecución.
Tras el hallazgo, las autoridades desarrollaron un operativo que permitió ubicar en Veraguas a dos jóvenes que intentaban huir a bordo del camión robado.
La investigación, dirigida por la Fiscalía de Homicidios y Femicidios de Coclé, reunió pruebas periciales, documentales y testimoniales que permitieron establecer la responsabilidad penal de los implicados.
Otra de las condenas obtenidas durante la semana fue dictada por la Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de la Fiscalía Regional de San Miguelito, que logró una pena de 33 años de prisión contra un hombre de 34 años tras un acuerdo de pena por los delitos de violación sexual agravada, actos libidinosos agravados, corrupción de menores agravada y abuso sexual infantil agravado, cometidos contra su hijastra de 11 años.
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Según la investigación, los hechos ocurrieron entre enero de 2025 y marzo de 2026 en el distrito de San Miguelito. La Fiscalía estableció que el condenado sometía a la menor mediante amenazas, perpetrando de forma reiterada los distintos delitos sexuales.
La gravedad de los hechos permitió alcanzar una condena que se convierte en una de las penas más severas impuestas recientemente por este tipo de delitos en Panamá.
A estas decisiones judiciales se sumó una sentencia obtenida por la Fiscalía Regional de Chiriquí, donde un Tribunal de Juicio condenó a un hombre a 10 años de prisión, además de imponerle 24 meses de inhabilitación para ejercer funciones públicas como pena accesoria, tras declararlo responsable del delito de violencia doméstica.
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Durante el juicio oral, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, periciales, materiales y testimoniales que, según informó la institución, permitieron acreditar la responsabilidad penal del acusado.
Los hechos por los que fue condenado ocurrieron de forma reiterada entre diciembre de 2023 y marzo de 2025, dentro de un contexto de violencia contra integrantes de su núcleo familiar.
Las tres condenas reflejan el trabajo desarrollado por distintas fiscalías especializadas del Ministerio Público para judicializar casos relacionados con homicidios, violencia de género y delitos sexuales contra menores, considerados entre las conductas de mayor impacto social.
La Procuraduría General de la Nación reiteró que continuará ejerciendo la acción penal con apego a la Constitución y la ley, mientras mantiene como prioridad el esclarecimiento de los delitos y la protección de las víctimas mediante procesos sustentados en pruebas presentadas ante los tribunales de justicia.
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