
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica alertó que la trata de personas no se limita únicamente a la explotación sexual, ya que incluye otras formas de explotación como la mendicidad forzada y el trabajo doméstico. De acuerdo con datos oficiales, durante 2026 se han abierto 43 investigaciones por este delito, cifra que supera en seis los expedientes registrados en todo el año anterior.
La mayoría de los casos corresponden a explotación sexual, con 37 investigaciones activas, además de dos por mendicidad forzada y cuatro por trabajo forzado, vinculadas principalmente a la vulnerabilidad de personas migrantes.
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Según informó el OIJ, la trata de personas puede configurarse incluso en situaciones donde una persona obliga a otra a pedir limosna, aunque exista un vínculo familiar. La institución enfatizó que la mayoría de las víctimas identificadas son mujeres y menores de edad, lo que subraya la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y atención integral a quienes sufren este tipo de delitos.
El organismo también recordó que el trabajo doméstico forzado figura entre las modalidades detectadas, afectando especialmente a migrantes en condiciones precarias.

Las autoridades costarricenses detallaron que las cifras actuales reflejan un crecimiento sostenido de las investigaciones por trata en los últimos años. En 2025 se documentaron 37 casos, mientras que en los primeros siete meses de 2026 la cifra ya alcanzó los 43 expedientes, lo que evidencia una tendencia al alza.
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El OIJ reiteró que este delito suele operar mediante redes organizadas que aprovechan la situación de vulnerabilidad de sus víctimas, especialmente en contextos de pobreza, migración irregular y ausencia de redes de apoyo.
En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora cada 30 de julio, el OIJ indicó que la lucha contra este fenómeno requiere acciones coordinadas entre las instituciones nacionales e internacionales. La entidad insistió en la importancia de una respuesta estatal que proteja los derechos de las víctimas y persiga eficazmente a quienes se benefician de su explotación.
A nivel global, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera la trata de personas como una grave violación a los derechos humanos que afecta a millones de personas en el mundo. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la trata con fines de explotación sexual y laboral sigue siendo la modalidad más detectada, pero en los últimos años se observa un aumento significativo de la trata para actividades delictivas forzadas, como fraudes online y ciberestafas.
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La ONU subraya que la explotación criminal forzada se ha convertido en la tercera forma de trata más común, con víctimas en al menos 80 nacionalidades diferentes identificadas al cierre de 2025.
El reporte global de la UNODC divulgado este 2026 señala que más de 300,000 personas han sido obligadas a participar en esquemas de fraude digital y otros delitos, especialmente en regiones de Asia y América Latina. Los centros de fraude son operados por redes criminales transnacionales que generan ganancias ilícitas de hasta 37,000 millones de dólares anuales, según datos de la organización.
La ONU advierte que ninguna región está exenta de este problema y enfatiza la necesidad de medidas coordinadas para desmantelar estas redes y garantizar la protección efectiva de las víctimas.
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En América Latina, la trata de personas continúa afectando principalmente a mujeres, niñas y migrantes en situación irregular, quienes enfrentan mayores riesgos de explotación sexual, laboral y criminal. La UNODC y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) llaman a los Estados a fortalecer las estrategias de prevención, protección y asistencia a víctimas, así como la persecución penal de los responsables. La cooperación internacional y el intercambio de información son señalados como elementos clave para enfrentar el carácter transnacional de este delito.

La ONU insta a los países a reconocer la trata de personas en todas sus formas, a fortalecer los marcos legales y a implementar políticas públicas que garanticen la restitución de derechos y la reparación integral de las víctimas. Entre las recomendaciones destaca la necesidad de mejorar la detección temprana, reforzar la capacitación de funcionarios y asegurar el acceso a la justicia y la asistencia psicosocial, especialmente para mujeres y niños afectados.
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La efeméride del 30 de julio se utiliza cada año para sensibilizar a la sociedad sobre la magnitud del problema y para renovar el compromiso internacional en la erradicación de la trata de personas, un delito que persiste en todo el mundo y que requiere respuestas integrales y sostenidas, según destacó la ONU en su declaración más reciente publicada por UN Women y UNODC.
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