En un operativo coordinado, la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala retiró cámaras de videovigilancia ilegales instaladas por pandillas en la aldea Boca del Monte y áreas cercanas del municipio de Villa Canales.
El despliegue, liderado por la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), tuvo como objetivo neutralizar el control tecnológico que ejercían las estructuras criminales sobre el espacio público, según reportó Prensa Libre en su cobertura del caso.
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Durante la intervención, los agentes del Departamento de Delitos contra la Vida desmontaron al menos 28 dispositivos de vigilancia que las pandillas habían colocado sin autorización en postes del alumbrado público y tendidos eléctricos.
De acuerdo con lo informado por la PNC, estos aparatos permitían a los grupos criminales monitorear los movimientos de la comunidad, vigilar a rivales, y anticipar la presencia de las fuerzas de seguridad.
Luego de ampliar las diligencias a otros puntos de Villa Canales, la cantidad de dispositivos retirados superó las 40 unidades en total.
Respuesta a hechos violentos recientes
El operativo respondió a una escalada de violencia registrada en la zona, que incluyó un ataque armado en el que murieron siete personas. Investigadores de la DEIC señalaron que el sistema de videovigilancia clandestino resultaba clave para que las pandillas coordinaran ataques, gestionaran extorsiones a comercios y transportistas, y evadieran los patrullajes policiales.
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Al respecto autoridades del Ministerio de Gobernación y de la PNC, afirmaron que no permitirán que los grupos criminales utilicen los espacios públicos para amedrentar a la población ni para montar centros de monitoreo clandestinos.
Expansión del modelo delictivo
El caso de Boca del Monte no constituye un hecho aislado. Según recuentos de la PNC recogidos por Prensa Libre, operativos previos en la zona 7 de la capital permitieron el retiro de 18 cámaras asociadas a la Mara Salvatrucha, y en la zona 18 se decomisaron 37 dispositivos empleados por el Barrio 18.
Otras acciones similares en las zonas 3 y 13 elevaron la cifra de cámaras incautadas en el área metropolitana a más de 200.
Especialistas en seguridad consultados afirman que las pandillas han evolucionado hacia un dominio territorial apoyado en tecnología, desplazando la vigilancia física por el monitoreo digital.
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El Ministerio de Gobernación ha señalado que la recuperación del espacio público exige no solo presencia policial y militar, sino también el desmantelamiento sistemático de las herramientas tecnológicas de las pandillas, quienes se han encargado de infundir el miedo entre la población guatemalteca.
Investigación sobre los responsables
Los dispositivos decomisados quedaron bajo custodia del Ministerio Público, que se encargará de rastrear las direcciones IP, los sistemas de almacenamiento y las redes de conectividad utilizadas para operar estas cámaras.
El objetivo, según la PNC, consiste en identificar a los responsables directos de la instalación y administración del sistema de vigilancia ilegal. “La colocación de tecnología en infraestructura estatal, sin autorización y con fines delictivos, representa una infracción grave y una amenaza para la seguridad de la población”, declararon voceros oficiales a Prensa Libre. Las fuerzas de seguridad anticipan nuevas acciones para desarticular redes similares en otros sectores del departamento de Guatemala.
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