Panamá crea comisión para enfrentar la atención integral de las personas en situación de calle

En Panamá la calle se ha convertido en el último eslabón de una cadena de pobreza, exclusión social, ruptura de vínculos y problemas de salud física y mental.

Grave, el problema recién empieza a abordarse de manera articulada y con enfoque de derechos humanos, al crearse la Comisión Interinstitucional para la Garantía de Derechos y la Atención Integral de las Personas en Situación de Calle.

Será el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) la entidad responsable de coordinar la acción del Estado y articular una respuesta integral basada en derechos humanos, inclusión social y corresponsabilidad institucional

La comisión, según se informó, reúne a las principales entidades públicas y fortalece el trabajo conjunto con la sociedad civil para promover la atención, la recuperación y la inclusión social de las personas en situación de calle, consolidando un modelo permanente de coordinación que marca un antes y un después en la política social panameña.

“Por muchos años la situación de calle fue atendida mediante esfuerzos aislados y respuestas puntuales. Hoy Panamá establece un mecanismo permanente de coordinación interinstitucional que coloca a la persona en el centro de la intervención, reconoce su dignidad y promueve la restitución efectiva de sus derechos “, señaló la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango.

Añadió que el Decreto que crea la comisión refleja la convicción de que nadie debe quedar excluido de la protección del Estado ni de las oportunidades para reconstruir su proyecto de vida.

En el país las personas en situación de calle enfrentan múltiples condiciones de vulnerabilidad, entre ellas pobreza, desempleo, ruptura de vínculos familiares y comunitarios, problemas de salud física y mental, consumo problemático de sustancias, discriminación y exclusión social, factores que requieren una respuesta coordinada del Estado.

Entre las funciones de la comisión figuran la elaboración de estrategias nacionales, la coordinación de servicios especializados, el seguimiento de casos, la generación de información para la formulación de políticas públicas y la promoción de acciones orientadas a la prevención, atención e inclusión social de las personas en situación de calle.

La comisión reunirá a instituciones con competencias complementarias para ofrecer una atención multidimensional.

Se detalló que el MIDES encabezará la coordinación general y la articulación de la política de protección social; el Ministerio de Salud liderará las acciones en materia de atención médica, salud mental y tratamiento de adicciones; el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral impulsará estrategias de inserción laboral; el Ministerio de Educación promoverá procesos de reinserción educativa; y el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) facilitará programas de capacitación para el empleo.

También participarán la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que atenderá los casos vinculados a personas con discapacidad; mientras que los gobiernos locales serán los encargados de fortalecer la respuesta territorial.

La información actualmente disponible sobre las personas en situación de calle en Panamá revela un fenómeno complejo, creciente y todavía poco cuantificado, en el que conviven datos censales oficiales, estimaciones municipales y diagnósticos académicos que no siempre coinciden entre sí.

En 2025, el MIDES reconocía la existencia, según el Censo de Población y Vivienda, de al menos 374 personas en situación de calle en la ciudad de Panamá, mientras diagnósticos del Municipio de Panamá y reportes periodísticos hablaban de alrededor de 1.050 a 1.059 personas en el distrito capital, con tasas muy altas de adicciones y trastornos de salud mental.

Esta divergencia numérica se inscribe en un contexto más amplio marcado por la ausencia de un registro nacional actualizado, por estimaciones que oscilan entre 250 y más de 1.000 personas sin techo solo en la capital, y por la constatación, reiterada en documentos oficiales y estudios académicos, de que el sinhogarismo ha sido históricamente invisibilizado en la agenda pública de Panamá.