El Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua exigió al régimen de Nicaragua información sobre el paradero del excoronel sandinista y opositor Carlos Brenes Sánchez, de 71 años, quien fue arrestado por la Policía Nacional el 15 de agosto de 2025 y permanece en desaparición forzada desde entonces. Según la organización, el militar retirado requiere atención médica urgente debido a varias enfermedades crónicas, mientras familiares y organismos de derechos humanos denuncian la falta de contacto y transparencia oficial sobre su situación.
La demanda del colectivo, integrada en su mayoría por activistas de Nicaragua en el exilio y con sede en San José, Costa Rica, se dirigió directamente a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, solicitando “prueba de vida, atención médica independiente, contacto familiar y libertad inmediata” para Brenes Sánchez y su esposa, Salvadora Martínez. De acuerdo con información de EFE, la detención ocurrió en el contexto de una redada policial durante el 46 aniversario de la revolución sandinista, cuando el régimen intensificó las acciones contra figuras consideradas opositoras.
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Según el propio Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, Brenes Sánchez y Martínez habrían sido condenados a 15 años de prisión bajo cargos de “traición a la patria”, aunque no se han publicado sentencias judiciales ni se ha permitido acceso independiente a los detenidos. El militar en retiro fundó el Grupo Patriótico de Militares Retirados y fue parte del Frente Amplio por la Democracia, desde donde cuestionó la concentración de poder en el Ejecutivo. Respaldó las protestas que estallaron en abril de 2018, las cuales resultaron en represión estatal.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares tanto a Brenes Sánchez como a su esposa, debido al riesgo para su vida e integridad. La organización internacional señaló que el Estado nicaragüense no ha respondido a las solicitudes de información ni ha garantizado los derechos fundamentales de los detenidos. “Exigimos saber dónde están, que reciban atención médica y que puedan comunicarse con sus familiares”, reclamó el colectivo en un comunicado citado por EFE.
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El contexto de represión en Nicaragua
Informes de organismos internacionales indican que desde 2018 se ha registrado un patrón de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en Nicaragua dirigido contra opositores, defensores de derechos humanos, periodistas y exmilitares críticos del Gobierno.
En los últimos años, organizaciones como Human Rights Watch, organización internacional de derechos humanos, y Amnistía Internacional, organización internacional de derechos humanos, han documentado al menos decenas de casos de personas cuyo paradero se desconoce tras ser arrestadas, incluyendo figuras como el general retirado Hugo Torres, quien falleció bajo custodia en febrero de 2022, y el líder campesino Medardo Mairena, cuya familia denunció varios meses sin información sobre su situación.
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La represión contra voces disidentes se intensificó tras la crisis política de 2018, cuando protestas masivas fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad. Según datos de la CIDH, más de 350 personas murieron durante ese periodo y centenares permanecieron detenidas por motivos políticos. La dictadura de Ortega ha rechazado sistemáticamente las acusaciones de desapariciones y detenciones arbitrarias, afirmando que actúa en defensa de la soberanía y el orden público, según declaraciones recogidas por EFE y otros medios internacionales.
El caso de Carlos Brenes Sánchez ha sido señalado por expertos y familiares como ejemplo de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran numerosos opositores encarcelados o desaparecidos en Nicaragua, especialmente aquellos que requieren atención médica especializada. Las organizaciones de derechos humanos insisten en la necesidad de transparencia y acceso independiente a los centros de detención, así como en la liberación de todas las personas detenidas por motivos políticos.
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