Supuesta corrupción sacude a la Policía panameña: seis oficiales son reasignados en medio de investigaciones internas

La Policía Nacional de Panamá enfrenta un nuevo episodio de cuestionamientos internos tras la separación temporal de dos subcomisionados, dos mayores y dos tenientes de sus funciones operativas, mientras avanzan indagatorias por presunta corrupción.

De acuerdo con una Orden General del Día emitida por la propia institución y divulgada ampliamente en redes sociales, los oficiales han sido reubicados en tareas administrativas hasta que concluyan los procesos internos en su contra, afirma el diario Critica.

En un segundo caso, el diario informa que unos 30 uniformados, entre policías y miembros del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), se encuentran bajo investigación por su presunta vinculación con el ingreso de cuatro teléfonos celulares a la celda donde permanecían los líderes de las bandas criminales que fueron trasladados a la base aeronaval de la isla de Coiba.

Ante este hallazgo, se indica que el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, confirmó que todos los custodios, policías y miembros del Senan que estaban en el sitio permanecen bajo investigación.

En el primero de los casos, la medida afecta a unidades que prestaban servicio en áreas estratégicas de la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria (DINSEP), particularmente en el centro penitenciario de Punta Coco, así como en la Dirección Nacional de Investigación Judicial (DNIJ), la Dirección Nacional de Intervención Policial (DNIP) y la 14.ª Zona Policial de Metro Norte.

Según el reporte periodístico, las investigaciones apuntan a posibles vínculos de los oficiales con hechos irregulares dentro de estas dependencias.

Fuentes de la Policía Nacional confirmaron al diario que la separación de los oficiales responde a la necesidad de garantizar la transparencia y evitar interferencias en los procesos disciplinarios.

La institución reiteró que la acción administrativa “no constituye una sanción”, sino una disposición preventiva mientras se esclarecen los hechos bajo sospecha. La medida se aplicó mediante una orden fechada a finales de junio, cuyo texto circuló en grupos de mensajería y plataformas digitales en Panamá.

El caso ha generado inquietud en sectores de la sociedad civil y especialistas en seguridad, quienes han señalado la importancia de conocer los resultados de las investigaciones en curso.

Según información publicada por Crítica, cada uno de los oficiales separados desempeñaba funciones de mando o supervisión en sus respectivas áreas, lo que eleva la preocupación por el posible alcance de las irregularidades.

La DINSEP, donde laboraban algunos de los implicados, tiene a su cargo la custodia de recintos de alta seguridad como Punta Coco, una instalación destinada al confinamiento de reclusos considerados de alta peligrosidad.

Por su parte, la DNIJ y la DNIP cumplen funciones clave en la persecución de delitos y operaciones de respuesta ante situaciones de riesgo.

Crítica subrayó que hasta el momento la Policía Nacional no ha revelado los nombres de los oficiales ni los detalles específicos de los hechos bajo investigación, argumentando que el proceso se encuentra bajo reserva administrativa.

La institución enfatizó que mantiene un compromiso con la legalidad y aseguró que cualquier funcionario implicado en actos de corrupción enfrentará las consecuencias establecidas en la normativa interna.

La situación ha puesto nuevamente en el foco la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión dentro de la Policía Nacional.

Voceros de organizaciones de derechos humanos han instado a las autoridades a proporcionar información clara sobre el avance de los procesos y a garantizar que las investigaciones se conduzcan con imparcialidad.

En los últimos años, diversos informes periodísticos y de organismos independientes han advertido sobre la persistencia de prácticas irregulares en cuerpos policiales de la región, incluyendo la recepción de dádivas y el abuso de funciones.