Iglesia denuncia supuestas violaciones a los derechos humanos de los detenidos en las cárceles panameñas

Las requisas realizadas en los centros carcelarios del país, debido a la reciente fuga masiva de al menos 195 privados de libertad, se han desarrollado de manera “desproporcionada, humillante y abusiva, afectando gravemente la dignidad de las personas recluidas”, denuncia la Iglesia Católica.

En un comunicado, el clero señala que de los penales se han retirado las biblias, los subsidios de oración como el Pan de la Palabra, documentos de relevancia para audiencias, libros, folletos de estudio del Ministerio de Educación y del Instituto de Educación por Radio, artículos de aseo personal, ropa, sábanas y otros bienes indispensables para la vida diaria.

De igual manera, aseguran que se ha dado la merma de alimentos, escasez de agua potable y desabastecimiento de medicinas.

A raíz de la fuga masiva el 1 de junio de al menos 195 detenidos de la cárcel La Joyita, ubicada en las afueras de la ciudad capital, las autoridades han desarrollado la operación llamada “Cerrojo”, realizando requisas en los principales centros carcelarios del país.

Los disturbios dejaron tres personas fallecidas dentro del centro penitenciario. Las autoridades, según los medios de prensa, aún no han explicado las circunstancias exactas en que ocurrieron las muertes ni han aclarado si estuvieron relacionadas con enfrentamientos entre grupos rivales o con otros hechos de violencia registrados durante el motín.

Durante los operativos “Cerrojo”, se dio a conocer que en el Centro Penitenciario de Penonomé se intervinieron 12 celdas, que albergan a una población de 679 privados de libertad, lográndose el decomiso de 167 envoltorios con presuntas sustancias ilícitas y $4,282.50 en efectivo.

Asimismo, se ubicaron 78 teléfonos celulares, 34 televisores, un router y un total de 1,146 artículos prohibidos de diversa índole.

En tanto, en el Centro Penitenciario La Joyita se dio con la incautación de 10 armas de fuego, 82 municiones, 451 teléfonos celulares, 356 televisores, 35 cargadores de celulares, 61 routers, seis antenas.

También 37 abanicos, una máquina guira, 12 equipos de sonido, dos amplificadores, una antena wifi, tres paneles solares, 161 platinas, 52 sartenes eléctricas, 13 relojes de hombre, 7 audífonos, 19 cables USB, 3 memorias USB, un collar de fantasía, 343 sobres de drogas, $11, 873.64 en efectivo, entre otros.

Para la Iglesia, toda persona privada de libertad conserva su dignidad y sus derechos, y la pena o detención no eliminan la dignidad humana ni autorizan el abandono, la humillación o el trato cruel.

Entre los derechos que deben ser garantizados, sostiene el clero, se encuentran el trato digno, la alimentación adecuada, el acceso al agua, la atención médica, el vestido, la asistencia legal, la información, el contacto con sus familiares, la educación, el trabajo y la asistencia religiosa.

Ante esta situación, las autoridades eclesiásticas hacen un “llamado urgente” a las autoridades competentes para que se revisen los procedimientos de requisa, para asegurar que se realicen con proporcionalidad, legalidad y respeto a los derechos humanos.

También piden que se restituya el acceso a artículos indispensables de aseo, vestido, , ropa de cama, y materiales religiosos y educativos.

La Iglesia solicita a las autoridades en su comunicado que se permita la verificación de las condiciones actuales de los privados de libertad por parte de las instituciones competentes de derechos humanos, de los organismos pastorales autorizados y de las entidades independientes.

“La crisis actual exige respuestas firmes y eficaces, pero también prudentes y respetuosas de la dignidad humana”, puntualiza el clero panameño.