El rastro de millones de dólares conduce a exautoridades y administraciones locales en Panamá

La decisión de un tribunal de confirmar la detención provisional del exadministrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, se ha convertido en uno de los capítulos más recientes de la ofensiva judicial contra presuntos actos de corrupción en Panamá.

El caso del exfuncionario del gobierno de Laurentino Cortizo se suma a una serie de investigaciones por peculado que en las últimas semanas han alcanzado a exrepresentantes, extesoreros de juntas comunales y exfuncionarios de distintas instituciones públicas, en expedientes que acumulan afectaciones económicas superiores a los 9 millones de dólares.

La Fiscalía Anticorrupción logró que un tribunal confirmara la medida de detención provisional contra Luis Oliva dentro de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado. La decisión mantiene al exdirector de la AIG privado de libertad mientras avanzan las pesquisas relacionadas con el incremento patrimonial detectado por las autoridades.

Según la Contraloría General de la República, el exfuncionario habría registrado un aumento patrimonial superior a los 937 mil dólares que no habría podido justificar adecuadamente.

El nombre de Luis Oliva ya figuraba en otras investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en la gestión de la plataforma Vale Digital, creada durante la pandemia de Covid-19 para distribuir subsidios económicos a miles de panameños afectados por la suspensión de contratos laborales y las restricciones sanitarias.

Por estos hechos también enfrenta investigaciones por los presuntos delitos de peculado, corrupción de servidores públicos y asociación ilícita para delinquir.

La plataforma Vale Digital fue una de las principales herramientas de asistencia social implementadas por el Estado durante la emergencia sanitaria. Posteriormente evolucionó hacia el sistema denominado Listo Wallet, que continuó canalizando pagos y beneficios sociales a distintos grupos de la población.

Las investigaciones cobraron impulso luego de denuncias relacionadas con la presunta cesión irregular de derechos y beneficios vinculados al sistema tecnológico utilizado para administrar esos recursos.

Mientras el caso AIG concentra la atención pública por la relevancia de la entidad involucrada y la magnitud del programa bajo investigación, otros expedientes han puesto bajo la lupa el manejo de fondos públicos en gobiernos locales y entidades estatales.

Uno de ellos es la denominada Operación Umbral, desarrollada por la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) y el Ministerio Público en la provincia de Panamá Oeste.

Durante las diligencias fueron aprehendidos el exrepresentante de la Junta Comunal de El Coco y dos extesoreros de esa administración local, quienes son investigados por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, las irregularidades financieras habrían ocurrido entre los años 2019 y 2022 y provocaron una lesión económica al Estado calculada en 128,823.50 dólares.

Las autoridades sostienen que los recursos públicos habrían sido utilizados de manera irregular durante ese período, por lo que los tres implicados quedaron a disposición de las instancias judiciales correspondientes para el desarrollo del proceso penal.

A este expediente se suma la captura de una exfuncionaria de la Lotería Nacional de Beneficencia en la provincia de Colón.

La mujer fue aprehendida durante un allanamiento realizado por la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción en una residencia ubicada en Barrio Norte. Según las autoridades, la investigación se relaciona con hechos ocurridos en 2021 cuando la sospechosa laboraba como cajera de la institución.

El Ministerio Público la vincula con la presunta comisión de delitos contra la administración pública en diferentes modalidades de peculado. Aunque las autoridades no han revelado el monto exacto de la posible afectación económica, el caso forma parte de una serie de

investigaciones abiertas por presuntas irregularidades detectadas en entidades estatales.

Sin embargo, el expediente que involucra la mayor lesión económica es el desarrollado mediante la Operación Eco Distante.

La acción, coordinada entre la Fiscalía Anticorrupción y la Dirección de Inteligencia Policial, permitió la aprehensión de siete personas presuntamente vinculadas con el manejo irregular de fondos de la Junta Comunal de Belisario Porras, en el distrito de San Miguelito.

Entre los investigados figuran exfuncionarios y particulares que, según las autoridades, habrían recibido cheques y pagos sin sustento válido provenientes de recursos públicos administrados por la junta comunal.

Las auditorías practicadas por la Contraloría General de la República determinaron una lesión económica al Estado por 8,098,668.62 dólares.

De ese total, más de 7.3 millones de dólares habrían sido desembolsados bajo el concepto de “servicios prestados” sin que existiera documentación o respaldo suficiente que justificara los pagos, de acuerdo con las conclusiones preliminares de la investigación.

Los casos forman parte de una estrategia más amplia del Ministerio Público para reforzar la persecución de delitos contra la administración pública y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.

La tendencia también se refleja en otros procesos recientes relacionados con el manejo de fondos de descentralización, programas comunitarios y recursos destinados a proyectos locales.

En los últimos meses las autoridades han adelantado investigaciones y condenas vinculadas a juntas comunales, municipios y centros educativos. Uno de los casos más recientes fue la denominada Operación Pupitre, relacionada con presuntas irregularidades por unos 130 mil dólares en un centro educativo.

Asimismo, en la provincia de Coclé, un exrepresentante y un extesorero de junta comunal fueron condenados a cinco años de prisión tras comprobarse la malversación de más de 301 mil dólares en fondos públicos.

Según el Código Penal panameño, el delito de peculado se configura cuando un servidor público se apropia, distrae o permite el uso indebido de bienes o fondos del Estado. Dependiendo de la gravedad de los hechos, las penas pueden alcanzar hasta 10 años de prisión, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Mientras continúan las investigaciones y se desarrollan nuevas audiencias, los distintos expedientes evidencian el creciente escrutinio sobre el uso de recursos estatales en Panamá. El desenlace de estos casos será determinante para medir la efectividad de los esfuerzos institucionales destinados a combatir la corrupción y recuperar los fondos públicos presuntamente desviados.