Sector naviero teme fuga de embarcaciones por nueva regulación en Panamá sobre sustancia económica

La posibilidad de que Panamá apruebe una nueva ley de sustancia económica encendió las alarmas en el sector marítimo, luego de que abogados especializados advirtieran en la Asamblea Nacional sobre el riesgo de una fuga masiva de sociedades navieras y buques hacia otras jurisdicciones.

Durante las consultas públicas del proyecto impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas, representantes del sector señalaron que, de mantenerse la redacción actual, muchas compañías optarían por trasladar sus operaciones y registros a países competidores como Islas Marshall.

La advertencia fue planteada por Yasmina Robi, abogada especialista en derecho marítimo y representante de la Asociación Panameña de Derecho Marítimo, quien sostuvo ante la Comisión de Economía y Finanzas que el proyecto, aunque busca responder a exigencias internacionales, podría terminar afectando directamente al registro marítimo panameño, considerado actualmente el más grande del mundo.

Según Robi, el problema se concentra en la forma en que el proyecto define las llamadas rentas pasivas y los requisitos de sustancia económica para sociedades pertenecientes a grupos multinacionales. Explicó que muchas sociedades panameñas propietarias de buques funcionan únicamente como estructuras utilizadas para financiar embarcaciones y que no mantienen operaciones físicas en Panamá, por lo que difícilmente podrían cumplir con las nuevas exigencias.

La abogada indicó que el texto actual permitiría interpretar que los ingresos derivados del fletamento o alquiler de barcos constituyen rentas pasivas sujetas a las nuevas reglas.

Sin embargo, argumentó que esas sociedades funcionan como estructuras “pass through”, es decir, entidades que reciben ingresos para transferirlos casi en su totalidad a los bancos que financiaron la compra de las embarcaciones.

Según explicó Robi, estas compañías no son utilizadas para erosionar bases fiscales en Europa, que es precisamente lo que busca combatir la nueva legislación. En su intervención, sostuvo que el caso de las sociedades propietarias de buques no encaja con el supuesto que el proyecto intenta regular, porque no se trataría de estructuras creadas para trasladar utilidades extranjeras y reducir impuestos en otras jurisdicciones.

“El mercado marítimo funciona con base en eficiencia”, advirtió Robi durante su intervención. Según explicó, si las navieras se ven obligadas a cumplir requisitos que otras jurisdicciones no exigen, lo más probable es que opten por redomiciliar las sociedades fuera de Panamá y mover también el registro de los buques.

“Si la sociedad se va a Islas Marshall, el barco también se va”, resumió durante las consultas legislativas.

El proyecto de ley presentado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, modifica el Código Fiscal para introducir reglas de sustancia económica aplicables a determinadas rentas pasivas de fuente extranjera. La iniciativa surge en medio de las presiones internacionales para que Panamá fortalezca sus mecanismos fiscales y abandone listas discriminatorias de la Unión Europea vinculadas a jurisdicciones consideradas no cooperadoras.

En términos prácticos, la propuesta establece que determinadas entidades multinacionales domiciliadas en Panamá deberán demostrar que cuentan con actividad económica real en el país para mantener beneficios fiscales sobre ingresos generados en el extranjero. Esto incluye probar que poseen personal, instalaciones, gastos operativos y toma de decisiones dentro del territorio panameño.

La ley define como rentas pasivas ingresos provenientes de dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, alquileres y otros activos financieros o mobiliarios. Si las empresas no logran demostrar sustancia económica suficiente, pasarían a ser consideradas entidades no calificadas y quedarían sujetas a un impuesto fijo de 15% sobre la renta bruta obtenida en el extranjero.

Chapman defendió la iniciativa asegurando que el objetivo no es espantar inversiones, sino reducir costos y barreras financieras que hoy enfrentan multinacionales instaladas en Panamá.

El ministro sostuvo que muchas empresas, especialmente europeas, han pedido este tipo de reformas porque las restricciones internacionales incrementan costos de operación, trámites bancarios y procesos de cumplimiento que terminan afectando la competitividad del país.

“Cada vez que realizan una operación financiera con su país de origen, importar un producto o hacer una remesa, tienen costos adicionales y procesos más complejos.

Eso hace más difícil justificar financieramente inversiones en Panamá”, señaló Chapman al explicar el alcance de la propuesta. El ministro insistió en que la reforma busca disminuir la fricción financiera y mejorar el acceso del país al crédito internacional.

Sin embargo, el sector marítimo sostiene que el texto necesita ajustes para evitar daños colaterales sobre una de las principales fuentes de ingresos del país. Robi advirtió que una migración masiva de sociedades navieras podría reducir ingresos vinculados a la Autoridad Marítima de Panamá, el Registro Público y el pago de tasas anuales, además de afectar plazas de trabajo relacionadas con servicios legales, financieros y administrativos.

Durante las consultas, APADEMAR presentó una propuesta de modificación para excluir explícitamente a las sociedades propietarias de buques inscritas en la Marina Mercante panameña de los requisitos de sustancia económica cuando únicamente se dediquen a la tenencia, propiedad, titularidad y fletamento de embarcaciones de servicio internacional. La organización argumenta que este mismo criterio ya fue utilizado anteriormente en la legislación sobre registros contables.

El presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, diputado Eduardo Gaitán, informó que hasta el momento han participado alrededor de 15 personas y gremios de los 60 invitados a las consultas públicas del proyecto. Añadió que el proceso continuará hasta el jueves 14 de mayo y que posteriormente iniciará el primer debate formal, donde los diputados podrán introducir modificaciones al texto original.

La discusión sobre sustancia económica ocurre en un momento particularmente sensible para Panamá, cuya economía depende en gran medida de servicios internacionales como logística, banca, comercio y marina mercante. El desafío del gobierno será encontrar un equilibrio entre cumplir con estándares internacionales exigidos por la Unión Europea y proteger sectores estratégicos que sostienen buena parte de los ingresos y la competitividad del país.