Un tribunal de apelación en París recibió este miércoles la solicitud de la Fiscalía para imponer una condena de siete años de prisión al expresidente francés Nicolas Sarkozy.
El pedido incluyó una multa de 300.000 euros y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años. La acusación sostuvo que Sarkozy buscó obtener financiación ilícita de Libia para su campaña presidencial de 2007 o, al menos, lo intentó.
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El fiscal Rodolphe Juy-Birmann señaló a Sarkozy como el instigador y principal beneficiario de un pacto de corrupción con el régimen de Muamar Gadafi, destinado a sacar al dictador libio del aislamiento internacional y favorecer su llegada al Elíseo.
Según la Fiscalía, la operación incluyó reuniones secretas entre allegados de Sarkozy y miembros del círculo de Gadafi, así como el traspaso de fondos libios a cuentas controladas por intermediarios cercanos al expresidente. El fiscal remarcó que los hechos juzgados constituían un acuerdo de corrupción al más alto nivel.
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En el primer juicio, celebrado el año pasado, el tribunal condenó a Sarkozy a cinco años de cárcel al considerar probado que él y su entorno intentaron captar financiación libia, aunque no acreditó que el dinero efectivamente llegara a la campaña presidencial. El tribunal descartó los otros tres delitos inicialmente imputados como corrupción, financiación ilegal y encubrimiento de malversación y limitó la condena a la asociación ilícita. Sarkozy pasó 20 días en prisión antes de quedar en libertad bajo control judicial, en espera de la apelación.
La Fiscalía reiteró en esta segunda instancia una petición de condena por los cuatro cargos y una sanción más severa, al considerar que Sarkozy no solo promovió el pacto, sino que fue su máximo y único beneficiario. Además de Sarkozy, otros diez acusados enfrentan cargos en el proceso, entre ellos excolaboradores como Claude Guéant, Éric Woerth y Brice Hortefeux, para quienes se solicitaron penas de entre diez meses y seis años de prisión, así como multas que oscilan entre 3.000 y cuatro millones de euros.
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Durante la audiencia, la defensa de Sarkozy sostuvo que no existió ningún flujo de dinero libio hacia la campaña de 2007 y negó cualquier influencia de Gadafi sobre el entonces candidato.
El propio Sarkozy declaró ante los jueces que no tenía sentido haber elegido a Gadafi, a quien ni siquiera conocía antes, para un acuerdo de financiación ilegal. Además, insistió en su inocencia y afirmó que demostrará la inexistencia de fondos libios en las próximas semanas, cuando la defensa presente sus argumentos finales.
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El caso se remonta a las primeras denuncias surgidas en 2011 sobre posibles transferencias de dinero desde Libia. Las investigaciones posteriores detectaron alrededor de seis millones de euros canalizados a través de un intermediario, Ziad Takieddine, fallecido poco antes del veredicto original.
La acusación sostiene que, a cambio del apoyo financiero, el entorno de Sarkozy prometió a los libios revisar la condena francesa contra Abdallah Senoussi, cuñado de Gadafi y jefe de inteligencia, sentenciado en ausencia por un atentado aéreo de 1989.
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Sarkozy se convirtió en el primer expresidente francés en recibir una condena de prisión en la historia reciente del país. Además de este proceso, enfrenta condenas definitivas en otros dos casos: uno por financiación ilegal en la campaña de 2012, conocido como el caso Bygmalion, y otro por intento de obtener favores de un juez. En ambos casos, los tribunales confirmaron penas de cárcel, aunque el cumplimiento efectivo de una de ellas permanece pendiente de decisión.
El actual juicio de apelación continuará hasta principios de junio y se espera que la sentencia se dicte el 30 de noviembre. Si el tribunal ratifica la condena, la defensa de Sarkozy puede recurrir ante la Corte de Casación, la instancia judicial más alta de Francia.
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(Con información de AFP, AP, DPA)
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