
Gremios de productores panameños salieron al paso ante las declaraciones de la nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, quien advirtió que Panamá debe cumplir con las reglas comerciales y eliminar las trabas a productos cárnicos y lácteos ticos.
Fernández hacía referencia a una disputa comercial entre ambas naciones, que provocó que el 11 de enero de 2021 Costa Rica interpusiera ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) un proceso en contra de Panamá, que en junio de 2020 inhabilitó unas 26 plantas costarricenses que procesaban productos cárnicos y lácteos.
Panamá presentó una apelación ante el organismo internacional, que aún no ha sido resuelta.
Ante este escenario, la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan) y la Asociación de Productores de Leche de Provincias Centrales (Aplepc) indicaron que la situación existente no obedece a decisiones de carácter político ni a medidas comerciales discrecionales.
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Esto, alegan, obedece al cumplimiento de procedimientos técnicos y sanitarios establecidos en las normas internacionales de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF/SPS) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la legislación sanitaria panameña vigente.

Los productores de leche de estas dos asociaciones reiteraron que apoyan plenamente el cumplimiento estricto de las normas sanitarias internacionales, por lo que respaldan y el actuar de los regentes encargados de los ministerios de Desarrollo Agropecuario y de Comercio e Industrias, entidades encargadas de proteger la salud humana, la sanidad animal y la inocuidad alimentaria.
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La Anagan y la Aplepc manifiestan que la suspensión de la elegibilidad sanitaria de determinadas plantas exportadoras se origina en el vencimiento del proceso de evaluación de riesgo país y de equivalencia sanitaria, procedimiento obligatorio contemplado en las normas internacionales y en la legislación panameña.
Aseguran que para la renovación de dicha elegibilidad, la autoridad sanitaria panameña remitió oportunamente a las autoridades sanitarias de Costa Rica los cuestionarios técnicos y requerimientos de información necesarios para la evaluación correspondiente; sin embargo, dichos requerimientos no han sido completados ni remitidos en la forma exigida por los protocolos internacionales.
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Ambos gremios aducen que la realidad es clara: las autoridades sanitarias costarricenses no han completado ni remitido la información técnica requerida por Panamá para renovar la evaluación de riesgo país y la elegibilidad sanitaria de sus plantas exportadoras, requisito indispensable conforme a las normas de la OMSA, el Acuerdo MSF/SPS de la OMC y la legislación panameña vigente.
Afirman que Panamá no puede otorgar habilitaciones sanitarias por presión política ni por conveniencia comercial. La salud pública, la sanidad animal y la protección del patrimonio agropecuario nacional están por encima de cualquier interés económico.

Finalmente, hacen un llamado a que este tema continúe siendo abordado dentro del marco técnico, científico y jurídico correspondiente, evitando declaraciones políticas que puedan distorsionar la verdadera naturaleza sanitaria del proceso.
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Mientras, desde la Asociación Nacional de Avicultores (Anavip) hicieron un llamado para que la relación comercial entre ambos países se desarrolle con apego y respeto a las normativas que correspondan a un intercambio comercial ordenado, justo, equilibrado y que garantice la salvaguardia del patrimonio fito y zoosanitario de ambos países.
En el mismo tono, la Asociación de Porcicultores Unidos de Panamá (APUP)considera que toda relación comercial debe desarrollarse bajo principios de reciprocidad, equidad y estricto cumplimiento de las normas sanitarias y fitosanitarias que protegen el patrimonio agropecuario panameño.
Reitera que los productores panameños merecen condiciones justas y transparentes de comercio, así como el mismo respeto y trato que reciben los productores de otros países.
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Los gremios instaron a las autoridades a mantenerse en su postura de defensa de la producción nacional.
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