La República Dominicana afronta niveles persistentes de inseguridad alimentaria aguda que afectan a más de 900,000 personas, según un informe presentado recientemente con datos extraidos entre octubre de 2024 y septiembre de 2025. E
l estudio señala que los desafíos para asegurar el acceso a una alimentación adecuada persisten en gran parte del país, aunque se proyectan leves mejoras hacia el cierre del periodo.
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El informe, que analiza la situación en una población de 10.7 millones de habitantes, de las cuales unas 925,000 personas se encuentran en fase de crisis o peor, de acuerdo con la escala de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC). Esta cifra representa el 9 % de la población evaluada. Además, 1.9 millones de personas atraviesan una situación de estrés alimentario, clasificada como Fase 2 del IPC, lo que equivale al 18 % de los habitantes.
La proyección estima que 922,000 personas continuarán en Fase 3 o superior, mientras que aproximadamente 2 millones permanecerán en Fase 2. Para el tercer trimestre de 2025, se calculaba una leve reducción del problema aunque 890,000 personas se mantenían en situación de crisis y que 2 millones mantengan el nivel de estrés alimentario.
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La distribución geográfica de la inseguridad alimentaria revela que las disparidades persisten en 31 provincias y el Distrito Nacional. El estudio reporta que 25 provincias se encuentran en condición de estrés alimentario durante el primer periodo analizado, mientras que 6 provincias y el Distrito Nacional presentan niveles mínimos o nulos de inseguridad alimentaria, clasificados como Fase 1. Hacia el final del periodo, la provincia de Monte Cristi se perfila como la única en transitar de Fase 2 a Fase 3 de crisis, mientras que las 24 provincias restantes se mantienen en Fase 2.
Entre los factores que explican la persistencia y el deterioro de la situación alimentaria, el informe destaca en primer lugar los altos precios de los alimentos.
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Se proyecta un aumento del 3 % en los últimos cuatro meses del año de 2024, del 3.7% en el primero de 2025 y hasta del 4.9% en el segundo cuatrimestre de ese año. La inflación general se mantiene elevada por la demanda interna y el encarecimiento de los costos de producción, lo que limita el acceso a alimentos para los hogares más vulnerables.
La variabilidad climática constituye otro factor determinante. El informe estima una probabilidad superior al 70 % de ocurrencia del fenómeno La Niña hasta 2025. Este evento puede generar inundaciones, deslizamientos, plagas fúngicas y daños en la producción agrícola. La transición hacia condiciones climáticas neutras durante el segundo semestre de 2025 podría favorecer la recuperación agrícola, aunque el riesgo de eventos extremos permanece latente.
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El diagnóstico resalta también la vulnerabilidad económica de los hogares. Un 23 % de la población vive en situación de pobreza y un 3.2 % en pobreza extrema. La recuperación del comercio fronterizo con Haití sigue siendo lenta, especialmente en provincias limítrofes. El estudio proyecta una disminución de remesas y un descenso en la actividad turística tras el pico estacional, lo que reduce aún más los ingresos familiares. El estudio sostiene que la suspensión del programa de alimentación escolar al cierre del ciclo lectivo en junio incrementará los gastos alimentarios en los hogares con estudiantes.
En cuanto a la respuesta humanitaria, la cobertura de la asistencia alimentaria en las zonas más afectadas cubre entre el 25 % y el 50 % de los requerimientos calóricos de al menos una cuarta parte de los hogares, y llega a superar el 50% en los casos más graves. La evidencia recopilada es más sólida en provincias como Elías Piña, Independencia, Pedernales, Duarte, Hermanas Mirabal, Peravia y San José de Ocoa.
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Las perspectivas para los próximos meses apuntan a una estabilidad relativa en la inseguridad alimentaria, aunque persisten vulnerabilidades estructurales relacionadas con ingresos, precios y condiciones climáticas.
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