
La Procuraduría General de la Nación confirmó la aprehensión de cuatro personas en la tercera fase de la operación “Fraude Total 3.0”, vinculadas a la presunta comisión de delitos financieros en perjuicio de un banco de la localidad, en un caso que vuelve a evidenciar la evolución de las estructuras criminales en Panamá.
Las diligencias se desarrollaron en las provincias de Panamá y Chiriquí, donde también se ubicaron equipos tecnológicos, tarjetas bancarias y una billetera digital, elementos clave para el avance de las investigaciones.
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Según las autoridades, el esquema delictivo consistía en la presentación de avalúos falsificados para sustentar solicitudes de préstamos bancarios, generando un perjuicio económico que supera los $786,171.98.
Este tipo de modalidad refleja el uso de documentación fraudulenta para engañar a las entidades financieras y acceder a recursos mediante mecanismos ilegales.
Por estos hechos, ya son seis las personas llevadas ante audiencias de garantías, donde se han imputado cargos por delitos financieros y se han aplicado medidas cautelares, mientras el proceso continúa en fase de investigación.

Las autoridades no descartan que el caso tenga ramificaciones adicionales, dada la naturaleza organizada de este tipo de operaciones.
Este caso se produce en un contexto donde los fraudes financieros en Panamá mantienen una tendencia creciente, con intentos que alcanzan los $125 millones al año, de los cuales aproximadamente $20 millones logran concretarse, afectando directamente a clientes, bancos y empresas.
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Las cifras reflejan no solo el impacto económico, sino también la presión constante que enfrenta el sistema financiero.
La magnitud del problema se agrava al considerar que, según el sector bancario, diariamente siete panameños son víctimas de estafas, lo que confirma que este tipo de delitos se ha convertido en una amenaza cotidiana.
Los esquemas incluyen phishing, suplantación de identidad, llamadas fraudulentas y enlaces maliciosos, diseñados para manipular a las víctimas en cuestión de minutos.
Superintendencia de Bancos advierte sobre estafas y refuerza recomendaciones al público
En este escenario, el superintendente de Bancos de Panamá, Milton Ayón Wong, advirtió que la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) ha detectado esquemas fraudulentos en los que se utiliza indebidamente el nombre, el logo y la imagen institucional de la entidad para engañar a ciudadanos.
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La entidad fue enfática en señalar que no solicita dinero, transferencias, pagos ni inversiones, ya sea de forma directa o a través de intermediarios, por ningún canal de comunicación.
El regulador indicó que cualquier mensaje, llamada o contacto que invoque a la institución para gestionar trámites urgentes, evitar sanciones o prometer beneficios económicos debe considerarse como un posible intento de fraude o usurpación de identidad.
Este tipo de estrategias busca generar presión emocional para que las personas actúen sin verificar la información.
Como parte de sus recomendaciones, la SBP exhortó a la población a no compartir datos personales o bancarios, no realizar pagos sin validación previa y verificar siempre que las personas o empresas involucradas cuenten con autorización o licencia para operar.
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También insistió en que no es habitual que una entidad financiera legítima condicione un préstamo al pago previo de dinero.

La institución reiteró que el primer anillo de seguridad es el propio usuario, por lo que la protección del patrimonio depende en gran medida de la capacidad de detectar señales de alerta. En caso de sospecha, recomendó acudir al Ministerio Público o a la Casa de Justicia Comunitaria de Paz para interponer la denuncia correspondiente.
Este llamado cobra mayor relevancia ante el crecimiento de los ciberdelitos, que han aumentado más de 113% entre 2025 y 2026, según datos de la Policía Nacional, evidenciando una rápida expansión de estas estructuras criminales. Las autoridades han intensificado operativos y acciones conjuntas con el sector bancario para enfrentar una amenaza que evoluciona constantemente.
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Uno de los factores que impulsa este crecimiento es el uso de tecnologías cada vez más avanzadas, incluyendo herramientas de inteligencia artificial para simular voces, generar mensajes creíbles o incluso producir contenido falso con apariencia legítima. Esto eleva el nivel de riesgo, ya que los fraudes son cada vez más difíciles de identificar para los usuarios.
En este contexto, la prevención se posiciona como un elemento clave. Las autoridades coinciden en que detenerse, verificar y no actuar bajo presión puede marcar la diferencia entre evitar una estafa o convertirse en víctima. La combinación de acciones judiciales, regulación y conciencia ciudadana se perfila como la principal defensa frente a un fenómeno que sigue en expansión en Panamá.
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