
Mientras la falta de medicamentos sigue entre las quejas más frecuentes de los pacientes de la Caja de Seguro Social (CSS), la Procuraduría General de la Nación avanza en una investigación para determinar posibles responsabilidades por el vencimiento de insumos y medicinas valorados en más de $2.5 millones, tras nuevas diligencias de inspección ocular en depósitos de la entidad ubicados en Felipillo y El Crisol.
Durante los operativos, desarrollados por la Fiscalía Anticorrupción en conjunto con unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, se ubicaron diversos insumos médicos quirúrgicos, equipos para administración de soluciones, venoclisis, guantes, respiradores, suturas y bandejas de anestesia que se encontraban vencidos, además de documentación que será incorporada al proceso para determinar posibles responsabilidades dentro de la cadena de manejo y custodia de estos productos.
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Las autoridades también confirmaron que en los depósitos de El Crisol se hallaron medicamentos e insumos con fechas de expiración que abarcan desde 2014 hasta 2024, lo que evidencia un problema prolongado en el control de inventarios dentro de la institución, con implicaciones tanto administrativas como sanitarias, considerando que estos productos estaban destinados al uso en pacientes del sistema público de salud.
La investigación tiene su origen en una auditoría interna impulsada por la propia CSS, tras una revisión ordenada por el subdirector de la entidad, Rogelio Gordón, quien detectó la existencia de productos vencidos en distintos puntos de almacenamiento, lo que generó preocupación ante la posibilidad de que estos medicamentos pudieran haber sido distribuidos a pacientes, en medio de reiteradas quejas por desabastecimiento.
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Según la información oficial, los depósitos auditados incluyen instalaciones en Panamá, Divisa y Chiriquí, donde se mantenían almacenados fármacos e insumos médicos, lo que amplía el alcance de la investigación y sugiere que el problema no estaría limitado a un solo punto, sino que podría responder a fallas estructurales en el sistema logístico de la institución.
Este caso también ha derivado en acciones legales. La diputada de la bancada Vamos, Paulette Thomas, presentó una denuncia penal contra el exdirector de la CSS, Enrique Lau Cortés, solicitando al Ministerio Público que determine su posible responsabilidad en el desabastecimiento de medicamentos, pese a que la entidad mantenía inventarios con productos ya vencidos, lo que plantea interrogantes sobre la gestión de compras y distribución durante su administración.
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De forma paralela, la Contraloría General de la República inició una auditoría forense que abarca el periodo comprendido entre 2019 y 2024, durante el cual Lau Cortés estuvo al frente de la institución, con el objetivo de evaluar áreas clave como el sistema de distribución de medicamentos, las planillas y las pensiones, en un intento por establecer si existieron irregularidades que derivaran en pérdidas económicas para el Estado.
El vencimiento de más de $2.5 millones en medicamentos fue precisamente uno de los elementos que motivó, en octubre de 2024, la presentación de una querella penal contra el exdirector y otros funcionarios vinculados a las áreas de almacén y compras, en un contexto marcado por denuncias de pacientes que enfrentaban escasez de fármacos esenciales, mientras productos permanecían almacenados sin ser utilizados.
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Las diligencias más recientes, según indicó la Procuraduría, podrían abrir la puerta a nuevas líneas de investigación, al detectar otros posibles hechos delictivos que deberán ser analizados de forma independiente, lo que podría ampliar el número de implicados en este caso que ya involucra a distintas instancias del sistema de salud pública.
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