Ley de Sustancia Económica: vía para sacar a Panamá de la lista discriminatoria de la Unión Europea

La Unión Europea considera que el sistema tributario panameño es pernicioso

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El presidente, José Raúl Mulino, afirmó que insistirá para que la ley de sustancia económica sea aprobada. REUTERS/Enea Lebrun
El presidente, José Raúl Mulino, afirmó que insistirá para que la ley de sustancia económica sea aprobada. REUTERS/Enea Lebrun

La Ley de Sustancia Económica debe aprobarse “sí o sí”, aseguró el presidente José Raúl Mulino, ya que permitirá que Panamá salga de la restricción que le tiene la Unión Europea.

Este es un tema que en octubre tiene “fecha de cumpleaños”, dijo el mandatario, al agregar que el país necesita salir con una valoración positiva de la Comisión Europea.

La Unión Europea considera que el sistema tributario panameño es pernicioso por existir una exclusión de gravamen sin condiciones sobre las rentas pasivas de fuente extranjera, entendiéndose como intereses, dividendos, ganancias de capital y regalías obtenidas por entidades que forman parte de un grupo multinacional.

La ley no afecta a todas las empresas ni a todos los ingresos de fuente extranjera, toda vez que su objetivo son las estructuras corporativas multinacionales que podrían utilizar el sistema panameño para recibir rentas pasivas que no tributen ni en Panamá, por ser fuente extranjera, ni en el país donde se generaron, explica el sitio panamaway.com.

Para que estas rentas pasivas sigan exentas de impuestos, la entidad en Panamá debe ser considerada una “entidad calificada”, lo cual se logra demostrando una sustancia económica en el territorio nacional.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Unión Europea empujan estándares de transparencia.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Unión Europea empujan estándares de transparencia.

Para ello, el sitio enumera los requisitos: recursos humanos, instalaciones físicas, toma de decisiones y gastos operativos.

En recursos humanos se debe emplear un número adecuado de personal cualificado en Panamá, con una remuneración acorde a sus funciones; en instalaciones físicas se debe contar con oficinas o instalaciones apropiadas en el país para el desarrollo de la actividad principal que genera los ingresos.

Las decisiones estratégicas clave y la asunción de los riesgos principales deben realizarse desde Panamá, mientras que se debe incurrir en un nivel adecuado de gastos operativos en Panamá, directamente sobre los gastos operativos relacionado con la actividad generadora de la renta.

En esencia, se trata de probar que la empresa no es una simple “compañía de papel”, sino una operación real y activa que contribuye a la economía local.

Las entidades que no cumplan con esta prueba de sustancia verán sus rentas pasivas de fuente extranjera gravadas.

FOTO DE ARCHIVO. En octubre será la evaluación de Panamá ante la Unión Europea. REUTERS/Yves Herman
FOTO DE ARCHIVO. En octubre será la evaluación de Panamá ante la Unión Europea. REUTERS/Yves Herman

Mulino manifestó que para aprobar la citada ley está analizando llamar a sesiones extraordinarias a la Asamblea Nacional, que finaliza su periodo ordinario, ente que en primera instancia debe aprobar la norma.

En enero el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que Panamá continúa avanzando mediante la adopción de legislaciones complejas, como la relacionada con la sustancia económica, actualmente en proceso de consulta con los distintos sectores.

Recordó que Panamá ya fue retirada de la lista de países no cooperadores de la Unión Europea, tras un esfuerzo de más de una década, lo que permitió que el país sea reconocido como cooperador en la lucha contra el blanqueo de capitales. Como resultado, mencionó el interés de empresas europeas en establecerse en Panamá y el retorno de bancos internacionales al país.

Propuesta en diciembre de 2025 por el Ministerio de Economía y Finanzas, la Ley de Sustancia Económica tiene como meta modernizar el sistema tributario territorial del país y alinear la normativa nacional con estándares internacionales, dijeron conocedores del tema.

Una de las mayores preocupaciones que ha causado esta legislación en el sector empresarial es que la misma podría alterar el principio de territorialidad, aunque las autoridades han indicado en varias ocasiones que este aspecto no se ve comprometido.

Para asegurar el cumplimiento de la nueva normativa, se indica que se establecerán obligaciones de reporte, y las entidades sujetas a esta ley deberán presentar anualmente una declaración jurada de sustancia económica ante la Dirección General de Ingresos.

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