
Los nicaragüenses residentes en Panamá enfrentan dificultades para regularizar su situación, debido a las restricciones internacionales impuestas por el gobierno de Daniel y Rosario Ortega, por lo que el presidente José Raúl Mulino dijo que estaría dispuesto a “valorar” lo que corresponde para poder ayudarlos.
No obstante, el mandatario aclaró que el Servicio Nacional de Migración debe cumplir con la ley, aunque reconoció que no estaba al tanto de cuán grande puede ser la crisis por la que atraviesan los nicaragüenses en suelo panameño.
Hasta el momento, una gran cantidad de nicas no ha podido recopilar sus documentos para renovar sus pasaportes, presentar solicitudes de récord policivo, permisos de trabajo, e incluso para obtener su residencia en Panamá, donde al 2025 residían unos 28,112 ciudadanos de esa nación centroamericana.
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No se puedo obtener una versión de parte de la embajada nicaragüense en Panamá, pues los números telefónicos que aparecen en su página web no están disponibles.
En Panamá residen un aproximado de 243,314 extranjeros, que incluye a colombianos y venezolanos, según las cifras oficiales.

Preguntado durante su conferencia semanal si en algún momento pudiera darle asilo a Daniel y Rosario Ortega, el presidente panameño señaló que “no puedo especular sobre algo que noha llegado a mi mesa”.
Cuando en febrero de 2024 el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2024) se asiló por casi un año en la embajada de Nicaragua en Panamá, a los nacionales de ese país no se les permitía llegar a la sede diplomática.
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En esa ocasión, Martinelli pidió protección al régimen dictatorial de Daniel y Rosario Ortega, pero el gobierno panameño de ese momento le negó el salvoconducto. En mayo de 2025, su delfín, José Raúl Mulino, le concedió un salvoconducto para viajar a Colombia, donde desde entonces se encuentra en calidad de asilado.
Los problemas de los nicaragüenses se agudizaron cuando en enero de este año el gobierno de su país impulsó una reforma constitucional que eliminó la doble nacionalidad, afectando a miles de pinoleros que residen fuera de su país.
El viernes 16 de enero de 2026 La Gaceta nicaragüense publicó una modificación al texto constitucional, que redefine el régimen jurídico de la nacionalidad contenida en la reforma parcial a los artículos 23 y 25 de la Constitución Política de la República.
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El artículo 23 reformado redefine quiénes son nicaragüenses y bajo qué condiciones se conserva esa calidad, mientras que el nuevo texto constitucional establece de forma expresa que la nacionalidad nicaragüense se pierde al adquirir otra nacionalidad distinta.
Dispone que las personas extranjeras que soliciten la nacionalidad nicaragüense deberán renunciar previamente a su nacionalidad de origen, como condición para adquirir la nueva.
La norma, ratificada por la mayoría sandinista, exceptúa de esta medida a los ciudadanos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica, quienes pueden optar a la nacionalidad nicaragüense sin renunciar a la propia, reseñó Infobae.
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El artículo 25 reafirma el principio establecido en el artículo anterior, y su nueva redacción confirma que la nacionalidad nicaragüense se pierde al momento de adquirir otra nacionalidad, armonizando el texto constitucional y cerrando cualquier contradicción interna, según medios adeptos a la dictadura.
Con esta modificación, agregaron, ambos artículos operan como un solo bloque normativo coherente dentro de la Constitución.
En la sesión plenaria de la Asamblea Nacional nicaragüense, celebrada el 14 de enero de 2026, se dijo textualmente que “la nacionalidad no es un trámite administrativo, es un pacto sagrado de lealtad entre el ciudadano y la Patria”.
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