
Al menos 838,363 nicaragüenses salieron de Nicaragua entre abril de 2018 y diciembre de 2024 por la represión, la persecución política y el cierre de los espacios cívicos, denunció este 20 de junio el Colectivo Nicaragua Nunca Más en un comunicado de prensa difundido por el Día Mundial de las Personas Refugiadas.
La organización sostuvo que ese desplazamiento forzado ya equivale a casi el 13% de la población nacional y lo presentó como una de las consecuencias más graves de la crisis de derechos humanos abierta hace ocho años. El Colectivo afirmó que no se trató de una migración voluntaria ni de una salida por conveniencia.
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Según el organismo, el origen del exilio estuvo en lo que describió como “la crisis de los derechos humanos provocada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo”. El texto señala que detrás de cada solicitud de refugio existen familias separadas, defensores y periodistas amenazados, estudiantes expulsados al destierro y líderes campesinos obligados a rehacer su vida fuera del país.

Costa Rica concentró la principal presión del exilio
La ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, de acuerdo con el comunicado, reportó que hasta el 31 de octubre de 2025 Costa Rica recibió a 207,456 personas bajo protección internacional. El 85% de ese total correspondió a nicaragüenses.
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Unas 16,500 solicitudes de refugio fueron presentadas por ciudadanos de Nicaragua. Ese dato ubicó al país vecino como el principal receptor de una diáspora que el colectivo definió como forzada por la persecución estatal.
Las personas refugiadas nicaragüenses “sobreviven a una política de constante persecución”, afirmó el Colectivo. El pronunciamiento también incluyó a periodistas, estudiantes, madres, padres, campesinos, personas mayores, niños, adolescentes, personas de la diversidad sexual, poblaciones indígenas y comunidades enteras que buscaron seguridad, dignidad y derechos.

El colectivo pidió protección más allá del refugio
La nota también advierte que el reconocimiento jurídico no basta para garantizar seguridad a quienes escaparon del país. Al igual que reclama medidas reales de prevención, investigación, protección y acompañamiento para quienes denunciaron persecución y pidieron amparo en el exterior.
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La organización respondió además a la pregunta de fondo sobre la consecuencia inmediata de esta crisis: el exilio nicaragüense dejó de ser un fenómeno migratorio y se convirtió, según su denuncia, en un problema de protección internacional para los Estados de acogida y los organismos multilaterales. Por eso pide agilizar refugio, regularización y documentación, y asegurar acceso efectivo a salud, educación, trabajo, vivienda y justicia.

El comunicado también insta a la comunidad internacional a mantener la presión sobre el régimen nicaragüense y a exigir procesos democráticos, elecciones verdaderas y futuros mecanismos de justicia transicional. A la vez, reclama que Nicaragua sea incorporada a la agenda global de protección y derechos humanos.
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En ese marco, la organización rindió homenaje a nicaragüenses asesinados en el exilio, entre ellos Roberto Danilo Samcam Ruiz, Jaime Luis Ortega Chavarría y Rodolfo Rojas Cordero. El texto cita el caso de Samcam, asesinado en San José en 2025.
“Mientras la dictadura esté instalada en Nicaragua, persistirá el desplazamiento forzado de los nicaragüenses y por eso llamamos a la comunidad internacional a seguir presionando al régimen para que haya procesos democráticos, elecciones verdaderas y futuros procesos de justicia transicional”, señala el comunicado.
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