
A través de la iniciativa Azuero Verde – Proyecto Corredor Seco, Panamá forma parte del Programa Corredor Seco, una propuesta que mediante un monto de $268.3 millones tiene previsto reducir la deforestación en un total de más de 20,500 km2, ubicadas en Centroamérica y República Dominicana.
En solo dos años Panamá ha perdido 352,873 hectáreas de bosques y otras tierras, según el último “Diagnóstico de Bosques y Otras Tierras Boscosas 2023”, el cual advierte que a pesar de que el 67.15% del territorio nacional está cubierto por bosques y rastrojos, la pérdida de hectáreas representa en el periodo descrito un 4% a nivel nacional.
Las estadísticas indican que hasta el año de referencia en la nación canalera se contabilizaban 4,737,067 hectáreas de bosques y cerca de 325,666,78 hectáreas de rastrojos, que con una altura promedio menor a 5 metros es la vegetación secundaria de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas que aparece naturalmente después de un uso agropecuario.
Ante la deforestación, el cambio climático y la expansión urbana se han afectado los bosques, principalmente en las provincias de Veraguas (37.6% de pérdida boscosa), Darién (15.9) y Coclé (18%).
Regionalmente, la propuesta Azuero Verde – Proyecto Corredor Seco impactará las cuencas de los ríos Salinas en Guatemala, río Grande, San Miguel, en El Salvador, río Coco en Nicaragua, Choluteca en Honduras, Tempisque en Costa Rica, así como las cuencas del Mao y Guayabín en República Dominicana, y ríos entre Tonosí y La Villa, en Panamá.

Los ríos Tonosí y La Villa irrigan parte de la península de Azuero, una zona que se encuentra dentro del llamado “arco seco”, donde anualmente se experimenta la precipitación más baja del país, con un máximo estimado en 400 milímetros durante la temporada seca y 1,600 milímetros en la temporada lluviosa.
Normalmente, la temporada de lluvias en el país va de mayo a noviembre, mientras que la temporada seca, que los panameños llaman verano, se extiende de diciembre a abril, aunque este año los efectos del cambio climático han variado ligeramente ese patrón.
La iniciativa, que finaliza en febrero del 2031, apunta que el Corredor Seco Centroamericano y las zonas áridas de la República Dominicana sufren recurrentes sequías severas, especialmente durante la presencia de los fenómenos atmosférico de El Niño y La Niña, que cada vez se presentan con mayor frecuencia e intensidad.
En la región las sequías provocan graves afectaciones en las labores agropecuarias, afectando la seguridad alimentaria, por lo que el objetivo es fortalecer la capacidad de adaptación al cambio climático de las personas vulnerables, de los pequeños agricultores, los agricultores comerciales y de los empresarios de las comunidades rurales de la región del Corredor Seco Centroamérica y las zonas áridas de la República Dominicana.
Mediante el financiamiento y la asistencia técnica el programa tiende a fomentar la participación del sector privado y crear un entorno propicio para la inversión y la adopción de tecnologías de adaptación a gran escala, basadas en los ecosistemas y eficientes desde el punto de vista hídrico y energético.

El proyecto, conocido a nivel regional como “Adaptación basada en ecosistemas para la resilencia climática en el corredor seco centroamericano y las zonas áridas de la República Dominicana”, es coordinado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, y es financiado por el Fondo Verde para el Clima (FVC).
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