El Gobierno de Panamá inició este sábado un plan de acción para optimizar el suministro de agua potable en la península de Azuero, después de que la crisis hídrica afectara a más de 200 mil personas en las provincias de Herrera y Los Santos. La medida busca responder a la emergencia generada por la contaminación de los ríos La Villa y Estibaná, fuentes principales para la región.
La estrategia, coordinada por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y ordenada por el presidente José Raúl Mulino, contempla la llegada de insumos y equipos para habilitar pozos y tanques de almacenamiento en centros escolares de Chitré y La Villa. El plan incluye la instalación inmediata de reservas de agua en planteles educativos y la rehabilitación de 29 pozos ya perforados, junto con la perforación de 22 adicionales en la provincia de Los Santos. Dos escuelas en Guararé y dos en Las Tablas recibieron equipos para garantizar el acceso al agua potable y la continuidad de las clases.
La crisis del agua potable en Azuero ha sido un fenómeno recurrente durante la última década. La contaminación de los ríos se atribuye a desechos de porquerizas, uso de agroquímicos y deficiencias en el manejo de vertederos municipales, factores que han provocado la paralización temporal de actividades productivas y el cierre de escuelas. El Ministerio de Ambiente, junto con la Policía Nacional y el Ministerio de Salud, ordenó el cierre preventivo de cuatro instalaciones vinculadas a la contaminación del río La Villa. Estudios del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá y la Universidad de Panamá detectaron presencia de metales pesados como cadmio, plomo y arsénico en el agua y los cultivos aledaños.
La planta potabilizadora de Chitré suma más de 80 años de funcionamiento y presenta deficiencias estructurales que dificultan la purificación adecuada del agua. Desde 2014, la región ha enfrentado episodios de contaminación por atrazina, un agroquímico usado en la caña de azúcar, lo que llevó a estados de emergencia y a la distribución masiva de agua embotellada. La desconfianza persiste entre los habitantes de la zona, quienes han optado por abastecerse en estaciones certificadas por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) o mediante camiones cisterna.
Durante su recorrido por las potabilizadoras Roberto Reyna y Rufina Alfaro, Orillac destacó que el plan de emergencia se ampliará a otras zonas del país con problemas similares. El funcionario señaló que más de 300 servidores públicos de distintas juntas técnicas apoyan las labores para restablecer el servicio. En la capital herrerana, se habilitan 35 nuevos pozos y se instalan tanques de reserva en al menos ocho escuelas, incluidas Juan T. del Busto, Hipólito Pérez Tello y John F. Kennedy.
Las autoridades advierten que el agua distribuida por ahora solo debe usarse para higiene doméstica, mientras se completan las mejoras en la infraestructura y se garantiza la potabilidad del servicio. El Ministerio de Salud mantiene restricciones para el consumo directo de agua del grifo, ante el riesgo de enfermedades gastrointestinales y afecciones dermatológicas vinculadas a microorganismos y metales pesados.
La próxima semana, el Gobierno instalará una mesa técnica para definir acciones y necesidades de financiamiento, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas. El estado de emergencia vigente permite la contratación directa de bienes y servicios hasta por 10 millones de dólares para enfrentar la crisis en ambas provincias.
El restablecimiento total del suministro seguro dependerá de la rehabilitación de plantas potabilizadoras, la construcción de nuevas infraestructuras y el saneamiento de la cuenca hídrica de la región. Mientras tanto, miles de familias, productores y estudiantes de Azuero continúan adaptándose a la escasez, recurriendo a alternativas temporales mientras esperan una solución definitiva.
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