En un operativo estratégico orientado a combatir los delitos ambientales y la minería ilegal en la frontera norte, la Fuerza Pública de Costa Rica informó este sábado sobre el decomiso de casi mil litros de gasolina almacenados de manera clandestina.
El hallazgo tuvo lugar en la localidad de Tiricias de Pocosol, en el cantón de San Carlos, una zona de alta sensibilidad debido a su proximidad con el río San Juan y su historial de actividades extractivas ilícitas.
El operativo fue ejecutado el pasado viernes por efectivos del Grupo de Apoyo Operacional (GAO). Mientras realizaban patrullajes preventivos enfocados en la seguridad transfronteriza, los oficiales localizaron un galerón de madera que funcionaba como centro de acopio irregular.
Según el informe oficial, se incautaron un total de 960 litros de hidrocarburos, distribuidos en cuatro estañones de 200 litros y dos recipientes adicionales de 80 litros cada uno.
Un peligro para la población
Lo que más alarmó a las autoridades no fue solo el volumen del material, sino las condiciones deplorables de su almacenamiento. El combustible se encontraba en una estructura de madera que carecía de cualquier medida de mitigación de incendios o sistemas de contención ante posibles derrames.
La ubicación del depósito representaba una amenaza directa para la seguridad humana en Tiricias. De acuerdo con las mediciones de la Fuerza Pública, el hidrocarburo estaba:
- A escasos 10 metros de la vía pública.
- A solo 40 metros de un establecimiento comercial (restaurante).
- En colindancia inmediata con viviendas habitadas por adultos y menores de edad.
“La ausencia de medidas de seguridad convertía el sitio en un foco de alto riesgo. Un simple chispazo habría provocado una tragedia de proporciones incalculables para las familias de la zona”, señaló la Fuerza Pública por medio de redes sociales.
El vínculo con la minería ilegal en Crucitas
Aunque el sujeto que se identificó como propietario del combustible intentó justificar la posesión, no contaba con los permisos obligatorios emitidos por la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) ni por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
La principal hipótesis de inteligencia policial vincula este cargamento con la logística de la minería ilegal de oro que azota la región de Crucitas.
En esta zona, grupos de “coligalleros” (mineros informales) utilizan motobombas, generadores y otras maquinarias pesadas que requieren grandes cantidades de combustible para extraer material del suelo, un proceso que suele ir acompañado del uso de mercurio y la degradación de ecosistemas críticos.
El decomiso administrativo del producto será entregado a RECOPE para su manejo técnico y custodia final, mientras se tramitan los procesos judiciales y administrativos correspondientes contra los responsables.
Cumplimiento de mandatos ambientales
Este operativo no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una ofensiva estatal para recuperar el control territorial en la frontera norte. La Fuerza Pública recordó que estas acciones responden a resoluciones del Tribunal Ambiental Administrativo y de la Sala Constitucional, que exigen al Estado costarricense una protección efectiva del medio ambiente frente a la presión de actividades extractivas ilícitas y el contrabando.
Con este golpe, las autoridades esperan interrumpir la cadena de suministros de los grupos criminales que operan en la frontera, reafirmando su compromiso con la seguridad ciudadana y la preservación de los recursos naturales en una de las zonas más biodiversas y vulnerables del país centroamericano.
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