Panamá irá a arbitraje por puertos sin buscar acuerdo previo con PPC

La disputa por el control de los puertos de Balboa y Cristóbal en Panamá seguirá en una nueva fase legal y financiera tras el arbitraje interpuesto por Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, luego de la anulación de la concesión portuaria por parte de la Corte Suprema de Justicia.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, confirmó que el reclamo supera los $1,500 millones, una cifra que calificó como alejada de la realidad si se compara con los aportes históricos del contrato vigente desde 1997 y declarado inconstitucional.

El conflicto se agudizó tras la publicación del fallo judicial que ratificó la nulidad de la concesión, lo que llevó al Gobierno a ejecutar una toma de control temporal a través de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Como parte de este esquema transitorio, el Estado autorizó la operación de las terminales mediante operadores internacionales mientras se prepara una licitación pública definitiva.

En ese contexto, Chapman señaló que el país actuará dentro del Estado de derecho, defendiendo sus intereses en el arbitraje internacional y manteniendo abierta la posibilidad de un proceso prolongado.

De acuerdo con el ministro, las proyecciones oficiales indican que Panamá podría recibir hasta $100 millones durante el período transitorio de operación portuaria, estimado en 18 meses.

Esta cifra, explicó, sería significativamente superior a los ingresos generados bajo el contrato anterior, lo que refuerza la narrativa gubernamental de que la transición no solo responde a un mandato judicial, sino también a un objetivo de mejorar la rentabilidad pública de la actividad portuaria.

Chapman confirmó que el Estado asumirá inicialmente los costos legales del arbitraje, como ocurre en este tipo de procesos, aunque expresó confianza en la fortaleza del caso panameño.

Recordó que históricamente Panamá ha obtenido resultados favorables en arbitrajes internacionales y que, en muchos casos, el perdedor termina cubriendo las costas legales, lo que reduce el impacto fiscal neto. El proceso se desarrollará bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional en Nueva York, donde ambas partes deberán designar sus representantes legales antes de iniciar formalmente la etapa arbitral.

Chapman explicó que el Estado ya está en el proceso de escoger a los abogados que representarán a Panamá, con recepción de propuestas de firmas especializadas en arbitrajes internacionales.

Añadió que esperan tomar una decisión pronto y que, por los plazos del procedimiento, el país debe cumplir con la designación del representante legal antes de que concluya la primera quincena de marzo, asegurando que el Gobierno todavía está dentro de los tiempos requeridos para avanzar con la estrategia legal.

El ministro también descartó que exista actualmente una negociación directa con PPC para alcanzar un acuerdo extrajudicial, subrayando que la posición del Estado es sólida y que no se contempla solicitar arreglos.

Sin embargo, reconoció que el arbitraje puede generar espacios de conversación constructiva si la contraparte decide presentar propuestas consideradas razonables para el país. Mientras tanto, el procedimiento seguirá su curso normal, con etapas que podrían extenderse por varios años, como ha ocurrido en otros casos internacionales vinculados a infraestructura.

En paralelo, Chapman abordó las interrogantes sobre posibles repercusiones económicas derivadas de la reacción de China al conflicto portuario. Indicó que, hasta el momento, no se ha registrado una respuesta concreta que represente una amenaza económica significativa para Panamá.

Además, sostuvo que la participación china en depósitos e inversión extranjera directa en el país es relativamente baja frente a otros actores, con mayor peso de capital proveniente de América, Europa, Japón y Corea.

El esquema transitorio de operación portuaria se produce en un contexto de reorganización logística en el puerto de Balboa, donde el operador APM Terminals confirmó ajustes operativos, incluyendo la recepción de exportaciones y la postergación del despacho de importaciones mientras avanza la fase de estabilización. Este proceso busca garantizar continuidad operativa, capacitación del personal y adaptación a nuevos sistemas logísticos, elementos considerados clave para evitar disrupciones en el comercio.

La transición también se apoya en contratos aprobados por la Contraloría General para la administración temporal de las terminales, con un monto total cercano a $41.9 millones destinados a la operación, mantenimiento y administración portuaria durante el período provisional. Estos acuerdos forman parte del esquema de control estatal mientras se define el modelo de concesión que regirá el futuro del sistema portuario panameño.

En el caso del puerto de Balboa, la administración temporal quedó a cargo de APM Terminals Panamá S.A., mediante un contrato por $26,100,000 destinado a la operación, mantenimiento y gestión de la terminal en el Pacífico. Por su parte, el puerto de Cristóbal será administrado por TIL Panamá S.A., filial de Mediterranean Shipping Company (MSC), bajo un acuerdo por $15,800,000 para la operación de la instalación en el Atlántico.

Chapman reconoció que factores como el volumen del comercio mundial y la dinámica de las navieras influirán en los resultados financieros de la transición, aunque insistió en que las estimaciones disponibles muestran un escenario favorable para el país.

Más allá del componente legal, la disputa por los puertos refleja la intersección entre decisiones judiciales, política económica y geopolítica comercial. El arbitraje, la reorganización operativa y la futura licitación pública configuran un proceso que redefinirá el modelo de gestión portuaria de Panamá y su impacto en la logística regional.

En ese marco, el Gobierno sostiene que la transición representa una oportunidad para fortalecer la transparencia contractual, optimizar los ingresos públicos y consolidar la competitividad del hub portuario panameño.