La Corte Suprema de Brasil declaró culpables a dos políticos por ordenar el asesinato de la concejala Marielle Franco. El tribunal determinó que los hermanos Domingos Brazão y Chiquinho Brazão planificaron el homicidio, ocurrido el 14 de marzo de 2018 y deberán cumplir 76 años en prisión.
Ambos deberán abonar una indemnización de 7 millones de reales (equivalentes a 1,3 millones de dólares) a las familias de las víctimas.
La investigación concluyó que la concejala, reconocida por su activismo en defensa de las comunidades pobres y por desafiar los intereses de las milicias, fue asesinada cuando un expolicía disparó contra el vehículo en el que se trasladaba por el centro de Río de Janeiro.
En el ataque también murió su chofer, Anderson Gomes, y una asesora resultó herida. El objetivo del crimen era enviar un mensaje intimidatorio a otros actores políticos que desafiaran el poder de las milicias.
Durante el juicio, el magistrado Alexandre de Moraes afirmó que los hermanos Brazão mantenían vínculos con las milicias y formaban parte de esas estructuras armadas.
Además, precisó que ambos integraban la milicia y que la motivación para ordenar la muerte de Franco surgió de la amenaza que representaba su trabajo parlamentario contra la expansión de urbanizaciones ilegales en barrios pobres, actividad que constituye una de las principales fuentes de ingresos para estos grupos.
Los familiares de la concejala, dirigentes políticos y los abogados de los acusados estuvieron presentes en la audiencia pública, celebrada en Brasilia.
Además de los hermanos Brazão, el Supremo Tribunal Federal condenó al exjefe de policía civil Rivaldo Barbosa a 18 años de prisión, y al exmilitar Ronald Paulo de Alves (conocido como Major Ronald) y al exasesor Robson Calixto Fonseca (apodado Peixe) a 56 años de reclusión cada uno.
La sentencia detalla que los Brazão fueron considerados responsables de doble homicidio calificado y tentativa de homicidio en perjuicio de la asesora Fernanda Chaves, así como de integrar una organización criminal armada.
Fonseca fue condenado únicamente por su participación en la organización criminal, mientras que Barbosa fue responsabilizado por obstrucción de la justicia y corrupción pasiva, ya que su papel se limitó a encubrir el crimen y asegurar la impunidad de los autores materiales.
Durante el proceso, la defensa de los acusados reconoció la existencia de lazos entre el poder político local y las organizaciones criminales, aunque sostuvo que los hermanos Brazão no participaron en el crimen.
Uno de los abogados argumentó que en Río de Janeiro la política y las milicias mantienen una relación de poder que influye en las acciones de los actores políticos.
El fallo del Supremo Tribunal Federal fue posible tras la delación premiada de Ronnie Lessa, el expolicía condenado a 78 años de prisión por haber disparado el arma que mató a la concejala.
Lessa describió la logística del crimen y vinculó a los hermanos Brazão con la planificación y el financiamiento de la operación, lo que permitió a los investigadores reconstruir los hechos.
(Con información de AFP)
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