La postulación de Consuelo Porras para reelegirse como fiscal genera críticas por parte del presidente de Guatemala

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, calificó de “burla al pueblo” la decisión de Consuelo Porras de insistir por tercera vez en su postulación como fiscal general, y advirtió sobre riesgos de manipulación en el proceso de selección de candidatos al Ministerio Público, advirtiendo que estas prácticas perpetúan la cooptación del sistema judicial y favorecen la protección de intereses corruptos.

Este posicionamiento fue dado en el marco de una conferencia de prensa, según informó el propio Arévalo, cuyo análisis apunta a que sectores vinculados a grupos político-criminales buscan mantener el control sobre órganos clave de la justicia.

El expediente de la actual fiscal general Consuelo Porras, quien busca un tercer período al frente del Ministerio Público, continúa en el listado de profesionales a seleccionarse, tras la revisión de su expediente, con 14 votos a favor de 15 determinó que Porras Argueta sigue en carrera. La Comisión resolvió que Porras cumple con los requisitos legales y de la convocatoria.

Esta decisión ocurre mientras diversos sectores sociales e internacionales han señalado cuestionamientos sobre la gestión de Porras, especialmente en lo relativo a investigaciones de alto impacto y la autonomía institucional.

El presidente denuncia manipulación y advierte sobre riesgos

Durante su intervención, Arévalo argumentó que la tentativa de Porras para ocupar nuevamente el cargo se produce a través de mecanismos que manipulan las reglas legales para evadir la ley. Según sus palabras, “el intento por presentarse una tercera vez es una burla al pueblo de Guatemala, no hay una mejor definición”. El mandatario enfatizó que la continuidad de aspirantes polémicos y el funcionamiento de la comisión encargada del proceso reflejan la “tradición de manipulación de los mecanismos legales para precisamente burlar la ley”, lo que ha generado un Estado donde sectores del sistema de justicia “están activamente cooptados por personas, por grupos político-criminales”.

En ese sentido, Arévalo recordó que decisiones recientes, como la advertida por “la Embajada de los Estados Unidos”, “le abren la puerta al crimen organizado al sector justicia”. El presidente asoció estas maniobras con el deterioro del Estado de derecho, indicando que se facilitan condiciones para que intereses ilícitos influyan de manera directa en la función de los organismos judiciales.

Polémicas dentro de la comisión de postulación

Además, el mandatario señaló una preocupación particular sobre el accionar de algunos miembros de la Comisión encargada de la nómina de candidatos al Ministerio Público. Sostuvo que hay integrantes que intentan, mediante “artimañas”, eliminar a “personas honestas y comprometidas” de la contienda. Según explicó Arévalo, el proceso de calificación está siendo manipulado “para hacerlo a la medida de los de siempre”, empleando criterios que confunden “experiencia con permanencia” y otorgan mayor peso a los años en el cargo que a la “integridad”.

El presidente afirmó que esto deriva en la consolidación de un “mecanismo que favorece a quienes por décadas se han convertido en un muro que protege a los corruptos”. Criticó que en la evaluación de candidaturas se privilegien “las formas y requisitos de un expediente por sobre los méritos y la capacidad, la idoneidad, la honorabilidad, el desempeño acreditado y la honradez sabida”.

Arévalo concluyó las declaraciones llamando la atención sobre la trascendencia de este proceso para el país: “Los ojos del pueblo de Guatemala están puestos sobre los integrantes de esta comisión”, remarcó, y exhortó a que cumplan su labor con “integridad, ética y consecuencia”, ya que su rol será “fundamental para el destino de las nuevas generaciones y la recuperación de la justicia que tanto necesita nuestro país”.

La Comisión de Postulación mantiene la atención pública tras haber excluido a 11 candidatos de los 59 aspirantes al cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público de Guatemala, en un proceso marcado por exigencias de mayor rigor ético y legal, así como cuestionamientos sobre la independencia de algunos postulantes.